Introducción

A partir de la llegada a la presidencia de Mauricio Macri se produjo en la Argentina una profunda reestructuración económica y social. El gobierno de Cambiemos implementó una política económica de orientación neoliberal que generó un decisivo cambio en los patrones de acumulación de capital y distribución del ingreso (Varesi, 2016; Montes Cató y Ventrici, 2017; Cantamutto, et al, 2019; Santancárgelo y Padín, 2019; Basualdo, 2020; López, 2021). Este trabajo se propone estudiar las luchas por la hegemonía desde un enfoque posfundacional y posmarxista. Específicamente, se propone investigar las demandas, las estrategias discursivas y el posicionamiento de los actores predominantes, haciendo hincapié en una coyuntura o momento clave de nuestra historia reciente (diciembre de 2015), en la que se verificaron significativas transformaciones en la política económica. Se busca responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué demandas expresaron los principales actores de poder no gubernamentales (empresarias/os, economistas, sindicalistas, editorialistas de prensa) sobre el destino de los recursos económicos y las consecuencias de la política económica cambiemita? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Macri a los reclamos de las/los representantes del capital y del trabajo y qué impacto tuvo en la disputa hegemónica?

Perspectiva teórico-metodológica

La presente investigación se basa en un enfoque anti-esencialista de análisis del discurso. Entre las diferentes perspectivas de análisis del discurso político (Arnoux, 2019a), se toman como eje herramientas de la Teoría Política del Discurso o teoría de la hegemonía de Laclau y sus usos en la investigación, conocidos en América Latina como Análisis Político del Discurso (APD) (Southwell, 2000). A partir de los postulados ontológicos (sobredeterminación discursiva, contingencia, negatividad) de la teoría laclauiana (Laclau, 1993, 2005; Laclau y Mouffe, 2004), incorporamos algunos recursos útiles para estudiar, a nivel textual, las demandas, negociaciones y conflictos por la hegemonía entre los actores políticos y sociales en torno al modelo económico.

Definimos como actores políticos clave a los actores de poder predominante que ejercen fuerte influencia en la disputa hegemónica. Se trata, por lo general, de actores que ocupan una posición dirigencial, jerárquica o dominante, lo que potencia su capacidad performativa. Incluimos a referentes gubernamentales y de fuerzas partidarias, pero también a dirigentes sindicales y a empresarios, economistas y editorialistas de grandes medios de comunicación que actúan como intelectuales o voceros de los grupos dominantes.¹ Analizamos las discursividades de manera individual y nucleadas colectivamente en entidades u organizaciones que agrupan a las/los agentes y contribuyen a sedimentar sus posiciones.

Nos centramos en el estudio de las demandas, tomando en cuenta que constituyen la unidad mínima de análisis político (Laclau, 2005, pp. 98 y ss.). Como señala Martín Retamozo (2009), desde un enfoque posfundacional, la lógica de la demanda interpela el orden social a partir de “significar una situación particular o una relación social como injusta, no deseable y posible de ser transformada”. El carácter contingente de la demanda permite analizar su capacidad (o no) de articularse simbólicamente e “interpelar aspectos del orden social para transformarlo”, pero también las respuestas del “sistema institucional” (Retamozo, 2009, pp. 114-115).

En La razón populista Laclau afirma que la “unidad del grupo” es producto de una “articulación de demandas” (Laclau, 2005, pp. 9, 98). Sin embargo, no queda en claro quién o quiénes enuncian las demandas y en qué circunstancias extra-lingüísticas (socio-históricas) lo hacen. Por lo tanto, proponemos agregar dos elementos. Por una parte, que las demandas se construyen en el marco de ciertas condiciones históricas y contextuales que también son discursivas. Por el otro, que pueden ser enunciadas por actores individuales o nucleados de forma colectiva (por ejemplo, un reclamo del titular de un gremio o un documento del conjunto de la CGT). Los discursos, pese a ser sociales, pueden ser individualizados en agentes que tienen tonos y estilos enunciativos propios, su propio cuerpo, historia biográfica y vivencias personales. Además, aunque las/los agentes están condicionadas/os por elementos estructurales (lenguajes, estructuras económicas, instituciones, emociones, deseos), son capaces de tomar decisiones en la vida cotidiana. De este modo, cuando empleemos el término “actor” o “agente”, lo haremos siempre en el sentido de un/a agente a su vez individual, social, activo y sujeto de la falta.

El análisis político parte de las demandas públicas que enuncian los actores (individuales o colectivos), en determinado contexto. Definimos la demanda como una petición de un actor que se convierte en un reclamo público dirigido hacia un otro, habitualmente la patronal o el Estado, en cierto contexto o situación discursiva. Entendemos por demanda insatisfecha una demanda, ya sea de un actor individual o colectivo, que el/los agentes considera/n que no ha sido satisfecha por el/la interlocutor/a o los/as interlocutores/as a quien/es se dirige el reclamo.

En el marco del “dialogismo inherente al lenguaje” (Maingueneau, 2016, p. 55), el análisis relacional de los discursos de los actores políticos adquiere gran relevancia para dar cuenta de las disputas para intentar problematizar los asuntos públicos e “instalar la demanda” (Retamozo, 2009, p. 119), pero también las respuestas políticas del orden institucional. En la dinámica política las/los referentes del sistema institucional, en particular las/los máximas/os representantes del Gobierno, disponen de recursos simbólicos y políticos privilegiados para poner en la agenda y absorber “demandas insatisfechas” (Laclau, 2005), postergar, e incluso ignorar demandas sociales (Oszlak y O´Donnell, 1995; Bacchi, 2021, p. 469).

Además, en este trabajo incorporamos algunas herramientas complementarias para el APD. En primer lugar, proponemos la noción de intereses (discursivos) para contribuir a analizar políticamente los aspectos económicos en disputa entre las/los agentes, en la dinámica de la lucha hegemónica. Si bien la teoría laclauiana critica el racionalismo y el economicismo, al mismo tiempo sostiene que “la práctica política construye los intereses que representa” (Laclau y Mouffe, 2004, p. 163).

En Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Laclau sostiene que el concepto de “intereses” puede ser válido en el análisis político, aunque entendido como “un proceso histórico lento, que tiene lugar a través de complejas prácticas ideológicas, discursivas e institucionales” y que “no existen independientemente de los agentes que los sustentan” (Laclau, 1993, p. 133). Luego de rechazar la alternativa binaria “O bien… o bien”, Laclau indica que “hay intereses”, aunque estos sean “productos históricos precarios” (Laclau, 1993, p. 133). En este sentido, aclara que “lo que no hay son intereses objetivos, tales como los que postula el enfoque [marxista] de la falsa conciencia” (Laclau, 1993, p. 133). Además, Laclau indica que “los agentes pueden ser capaces de calcular y negociar con otras fuerzas” (Laclau, 1993, p. 133) y que existen formas de racionalidad “relativas” (Laclau, 1993, p. 227).

A partir de las indicaciones de Laclau, postulamos la existencia de una racionalidad relativa de las/los agentes y nos referimos a la noción de intereses económicos como un “juego de lenguaje” (Laclau, 1993, p. 108) que se constituye en la dinámica política. En ese marco, proponemos incorporar en el APD el concepto de disputa de intereses para abordar el juego político-discursivo de intereses enfrentados entre los/las agentes en la dinámica de la lucha hegemónica.

Aunque no existe una lógica intrínseca de lo económico que determine a los/las agentes y sea independiente de su construcción discursiva, en el capitalismo la economía adquiere históricamente un rol predominante y condiciona fuertemente a los actores. En el marco de lo que definió como el “Discurso Capitalista”, con su lógica basada en el consumo pulsional de mercancías y la búsqueda incesante de lucro, en el Seminario 17 también Lacan (2006) se refirió a la centralidad de los intereses mercantiles en el capitalismo:

“Lo que el psicoanálisis nos permite concebir es ni más ni menos esto, que está en la vía inaugurada por el marxismo, a saber, que el discurso está vinculado con los intereses del sujeto. Es lo que Marx llama, en este caso, economía, porque en la sociedad capitalista esos intereses son enteramente mercantiles” (Lacan, 2006, pp. 96-97, las cursivas son mías).

Desde las premisas antiesencialistas de la teoría de Laclau, la estructura de relaciones capitalistas responde a una construcción histórica y contingente (aunque fuertemente sedimentada) que adquiere sentido mediante el orden significante. Los agentes tampoco son individuos maximizadores de ganancias que se basan en una racionalidad puramente instrumental, sino que se constituyen dentro de una configuración simbólica situada en cierto contexto, signado por la disputa hegemónica.

¿Cómo estudiar estos conceptos desde la Teoría Política del Discurso? Para la teoría laclauiana todo objeto, fenómeno o práctica social representa un discurso y debe analizarse a través del orden simbólico. En palabras de Laclau: “Todo objeto se constituye como tal en tanto objeto de discurso” (Laclau, 1985, p. 40). En este sentido, partimos de la base de que los aspectos económicos, los intereses y racionalidades de las/los agentes son construcciones históricas y contingentes que se estructuran y deben analizarse discursivamente.

La investigación del juego de intereses económicos en disputa de las/los agentes, incluyendo las negociaciones y las políticas económicas que aplican los gobiernos, debe realizarse a partir de su construcción simbólica, asumiendo una racionalidad limitada, no puramente instrumental ni puramente individual y de una forma no preconstituida. De este modo, rechazamos la existencia de intereses o racionalidades a priori, universales, objetivas o esenciales. Lo económico tampoco es puramente autónomo de lo político, ya que en la teoría laclauiana el discurso construye los modos de imbricación entre lo político y lo económico, y sus grados de autonomía (Laclau y Mouffe, 2004, p. 184). Como señala Southwell, “los ámbitos de lo político, lo económico, lo cultural, se constituyen en el orden simbólico dentro de la cadena discursiva de lo social” y sus relaciones “nunca alcanzan a estar fijadas en su totalidad” (Southwell, 2000, p. 96).

Como indica Laclau, en la teoría de la hegemonía los “elementos 'políticos', 'económicos' e 'ideológicos'” están “en relaciones inestables de imbricación, sin lograr nunca constituirse como objetos separados” (Laclau, 1993, p. 41). Sin embargo, prosigue Laclau:

“Esto, desde luego, no significa que una región de lo social no pueda autonomizarse y establecer, en mayor o menor medida, una identidad separada; pero esta separación tiene, como todo, condiciones de existencia específicas” (Laclau, 1993, p. 41).

De modo tal que, en el APD, lo económico es siempre político-económico y económico-discursivo, ya que está imbricado en los procesos históricos con decisiones políticas, desequilibrios de poder y antagonismos, construidos a través del orden significante. Sin embargo, se puede distinguir analíticamente un espacio de lo económico que tenga una relativa autonomía (no intrínseca) para la investigación.

Desde un enfoque anti-esencialista, sostenemos que el análisis político-discursivo de la disputa de intereses en torno al modelo económico forma parte de un abordaje atributivo. Ello implica que el/la analista es capaz de imputar y atribuir racionalidades e intereses (relativos) a las/los agentes de un modo interpretativo y situado, a partir del análisis de la coyuntura (Fair, 2014). De esta forma, el/la analista puede imputar intereses a partir de su construcción simbólica y destacando su carácter relativo, histórico y contingente.

En este trabajo usaremos estos recursos analíticos para estudiar las demandas, negociaciones y disputas hegemónicas entre el gobierno de Macri y los actores de poder no gubernamentales en una coyuntura crítica de la historia reciente, en términos de un cambio estructural en los patrones de distribución del ingreso y las relaciones entre capital y trabajo en la Argentina, como fueron las primeras semanas del gobierno de Cambiemos (diciembre de 2015). Durante este momento político clave el macrismo implementó un conjunto de medidas de política económica (devaluación, apertura comercial y financiera) que alteraron las posiciones y demandas de los principales actores de poder.

Incorporamos un análisis de los discursos con base a gradientes escalares que distingue, relacionalmente, intensidades graduales (mayores o menores) de polemicidad en los enunciados de las/los agentes. Como indica Amossy (2016), la polémica en la argumentación “ancla en la divergencia y la confrontación de puntos de vista”, que asumen la forma de un “intercambio agonal entre adversarios” (Amossy, 2016, p. 26), en el sentido que lo plantea Mouffe (2003). Ello implica “la gestión razonada de discursos que se oponen en relación con una cuestión controvertida, oposición que puede tomar la forma de un debate, de una discusión, e incluso de una negociación” (Amossy, 2016, p. 26). De este modo, la polémica se expresa como un “continuum que manifiesta grados más o menos fuertes de confrontación verbal” (Amossy, 2016, p. 26). También Plantin se refiere a grados de argumentatividad polémica, a través de un continuum de intensidades (Plantin, 2016, p. 71). Desde la semántica argumentativa, Sol Montero propuso una gradación en términos de acercamiento/distanciamiento del locutor con respecto a la alteridad (Montero, 2012, pp. 227-242). Courtés (1997) y Ducrot y Todorov (1981), por su parte, propusieron un análisis lingüístico en términos de oposiciones graduales, que se basan en una relación de más a menos (gradualidades), en contraste con las oposiciones privativas (del estilo ´todo o nada´) (Courtés, 1997, p. 390-391; Ducrot y Todorov, 1981, p. 141).

Para la teoría de la hegemonía, la alteridad es constitutiva. Sin embargo, hay “diferentes grados de universalidad” de lo social (Laclau, 2005, p. 247). En efecto, en la dinámica política “los significantes siempre existen en redes relacionales que presentan diferentes grados de estructuración” (Glynos y Howarth, 2007, p. 144). Con base en los diferentes grados de estructuración de los discursos, en un trabajo previo (Fair, 2017) distinguimos un continuum de intensidades graduales que se expresa relacionalmente mediante formas más “agonistas” (adversariales) (Mouffe, 2003), o más combativas (antagonistas), hasta un extremo máximo que puede llegar a la enemistad bélica, propio de la guerra de destrucción física (Schmitt, 1991).

Las fuentes de investigación se basan en discursos reproducidos en los diarios La Nación (de centroderecha), Página/12 (centroizquierda) y La Izquierda (izquierda trotskista). De modo complementario, se revisaron las ediciones digitales de Infobae, El Cronista y Ámbito Financiero, y un documento de la CTA Autónoma de diciembre de 2015. La diversidad de fuentes permite reconstruir y analizar los posicionamientos de una multiplicidad de actores de poder que luchan por la hegemonía en la arena pública. Además, analizamos documentos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), el Ministerio de Economía (MECON), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para contextualizar las posiciones de las/los agentes.

La política económica de Cambiemos en los inicios del gobierno de Macri

A partir de la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, comenzó a implementarse en la Argentina un modelo de acumulación de matriz neoliberal (Katz, 2017; Montes Cató y Ventrici, 2017; García Delgado et al., 2018; Santancárgelo y Padín, 2019; Natalucci y Fernández Mouján, 2022). Esta ofensiva neoliberal tuvo diferentes oscilaciones, etapas y grados de intensidad, en función de las tradiciones sedimentadas, las restricciones económicas, institucionales y geopolíticas, y la correlación de fuerzas sociales (Fair, 2022).

En una primera etapa, el gobierno cambiemita priorizó la aplicación de medidas de desregulación y apertura comercial y financiera. Ya en los primeros días, Macri suprimió el control de cambios (conocido como el “cepo”) que regía desde 2011, lo que significó una fuerte devaluación de la moneda, del orden del 40 %. Además, en el marco del nuevo modelo de “inserción” en el “mundo” (Simonoff, 2019), la Alianza Cambiemos implementó políticas económicas de desregulación financiera, a través de la liberalización de las tasas de interés (fueron elevadas al 38 % mensual), apertura para el ingreso y salida de capitales financieros, baja de encajes (del 50 al 30 %) y reducción del plazo de permanencia de los capitales que ingresan al país (de 365 días a 120 días). Finalmente, realizó una desregulación comercial que eliminó las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones) al trigo, maíz, sorgo, carne y pesca, redujo en cinco puntos las retenciones a la exportación de soja y sus derivados, eliminó retenciones a la minería y a algunos productos industriales. A su vez, eliminó el sistema de Registros de Operaciones de Exportación (ROE), que fijaba cupos para la exportación de carne, trigo y materias primas, y para el consumo de productos de la canasta básica, y las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que obligaban al sector privado a informar al Estado sobre sus estructuras de precios, costos, producción y márgenes de rentabilidad (CIFRA, 2016). Según Macri, con las medidas “liberalizadoras” se trataba de “premiar a quienes se animan a exportar”, “incentivar la inversión” y “recuperar competitividad” (Página 12, 15/12/2015). Ello se inscribe en el marco de la necesidad de un “sinceramiento” económico y de una promesa pathémica de felicidad y alegría asociadas al mercado libre, lo que dota de legitimidad a las políticas neoliberales (Martínez, 2016).

Como señala Oszlak (1980), las políticas públicas que toman los gobiernos están atravesadas por conflictos y antagonismos que generan ganadores y perdedores. En ese marco, las políticas de desregulación y apertura implementadas por el macrismo provocaron efectos económicos y sociales diferenciales. Entre los ganadores se encontraban el sector bancario-financiero y, en particular, los grupos concentrados del complejo agroexportador (principalmente, sojero). La transferencia de ingresos al sector privado por las medidas iniciales de liberalización económica fue de 3686 millones de dólares, 917 millones de los cuales (el 24,9 %) correspondieron a la soja (CIFRA, 2016).

Entre los perdedores se hallaban las/los trabajadores asalariados y jubilados, ya que sus ingresos en pesos se devaluaron fuertemente y la inflación se potenció (CIFRA, 2016; BCRA, 2016). El poder adquisitivo de las/los trabajadoras/es cayó 12,2 % entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 (Varesi, 2016, p. 12). Además, las medidas de liberalización comercial perjudicaron a las pymes industriales vinculadas al mercado interno, al incrementar las importaciones de bienes que compiten con la industria local (López, 2021).

Los efectos diferenciales de las medidas se expresaron en la dinámica política en una serie de demandas, negociaciones y disputas entre el Gobierno y las/los representantes y voceras/os del capital y el trabajo en torno al destino de los recursos públicos y las consecuencias de la política económica de Cambiemos.

Las demandas de representantes y voceras/os del capital concentrado

Las/los principales representantes del capital concentrado (titulares de la Asociación de Empresarios Argentinos, Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, Confederación Rural Argentina, Monsanto y Unión Industrial Argentina, presidentas/es de las multinacionales FIAT, IRSA y Accenture, y el CEO de Mercado Libre), economistas ortodoxos, periodistas y editorialistas de La Nación, apoyaron las medidas iniciales de liberalización de Cambiemos, que definieron como un “sinceramiento” que era “necesario” e “inevitable” para “normalizar” la economía, generar “confianza” y “previsibilidad”, promover el ingreso de “inversiones” y el “crecimiento” (Fair, 2022).

Estas políticas económicas respondían en particular a las demandas que habían expresado públicamente los presidentes de las principales corporaciones agrarias (Sociedad Rural y CRA: eliminar retenciones) (Ámbito Financiero, 23/11/2015) y el sector financiero (Bolsa de Comercio: liberalizar el sistema financiero, reducir los encajes bancarios y eliminar regulaciones a la entrada y salida de capitales) (El Cronista, 26/8/2015; Página 12, 30/8/2015).

Sin embargo, más allá del respaldo general a estas políticas, sectores ultraliberales expresaron en la arena pública una serie de demandas al Gobierno para que integrara las medidas de liberalización económica con un ajuste fiscal. Los principales exponentes de esta visión fiscalista eran economistas ortodoxos. Estos actores políticos clave coincidían en que, una vez unificado el régimen cambiario y devaluado la moneda, había que realizar un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas.

Carlos Rodríguez (Centro de Estudios Macroeconómicos -CEMA-) reclamaba un “ajuste fiscal”, que “tiene que venir del lado de los subsidios” (La Nación, 17/12/2015).

Fausto Spotorno, de la misma fundación monetarista, pedía que el Gobierno declare la “emergencia fiscal” (La Nación, 20/12/2015). El uso de los lexemas “debe” y “tiene que” expresaba este carácter imperativo y deontológico (Verón, 1987) de las medidas.

José Luis Espert (CEMA) también pedía “un plan fiscal creíble, que permita dar una solución al creciente déficit de las cuentas públicas” (La Nación, 15/12/2015). Sin embargo, sostenía que “Debería haber una política muy agresiva, tanto en materia de suba de tasas de interés, como de colocación de deuda” (La Nación, 17/12/2015). En esta línea, el economista neoliberal reclamaba un “gran endeudamiento en dólares para hacerse o mantener reservas y evitar el overshooting”, y “subir las tasas de interés a un mínimo del 40 %” (La Nación, 17/12/2015).

Orlando Ferreres (Orlando Ferreres y Asociados) señalaba que “la devaluación no fue suficiente” y sostenía que “debe iniciarse un recorte del gasto público” (Página 12, 18/12/2015).

Roberto Cachanosky (fundación Libertad y Progreso) sostenía que hacía “falta avanzar sobre temas estructurales, gasto e impuestos” (La Nación, 17/12/2015). En ese marco, el Gobierno debía ajustar por el lado fiscal para controlar el dólar:

“Falta anunciar un plan del flanco fiscal para que en el mediano plazo no se dispare el dólar por emisión monetaria para financiar el déficit” (La Nación, 20/12/2015).

No obstante, el economista afirmaba, desde una modalidad fuertemente asertiva (“no queda otra opción”), que el Gobierno debía adoptar una libre flotación del tipo de cambio y la toma de deuda como método para aumentar las reservas (La Nación, 15/12/2015).

Por su parte, Agustín Monteverde (fundación Libertad y Progreso) afirmaba, de un modo deontológico (“hay que”):

“Para liberar el dólar hay que resolver el problema de los holdouts y tener mucho aire en las reservas” (La Nación, 15/12/2015).

Además, agregaba que “el dólar de equilibrio tiene que estar en 25 pesos” (La Nación, 15/12/2015).

A nivel internacional, Jimena Zuniga, economista de la agencia Blumberg, sostenía:

Si se reduce el déficit fiscal y se establece una rígida disciplina monetaria, se podrían atraer inversiones” (Jimena Zuniga, agencia Blumberg, en La Nación, 20/12/2015).

Los editoriales de La Nación, vocero de los sectores dominantes (Sidicaro, 1993), reclamaban al Gobierno que combinara las políticas de desregulación económica, con lo que definían como una segunda etapa de “estabilización” fiscal, para generar confianza en el sector privado:

“Tras la primera etapa de corrección cambiaria debería venir otra de estabilización (…) será vital para lograr ese propósito que se ataque fuertemente el déficit fiscal, que ha trepado a niveles récord, del orden del 8 % del PBI, merced a la pésima gestión kirchnerista y a la desconfianza que alimentó entre los inversores” (editorial de La Nación, 20/12/2015).

Para la voz oficial de la empresa de medios, ello implicaba realizar una reducción del gasto público “improductivo” y una rebaja “gradual” de los subsidios a algunas tarifas de servicios públicos:

“La apuesta del gobierno de quitar trabas a la economía (…) deberá ser combinada con una baja del gasto improductivo (…) además de la gradual baja de los subsidios por los servicios de luz y gas” (editorial de La Nación, 20/12/2015).

En las principales entidades agrarias y bancarias el apoyo a las políticas iniciales de liberalización económica del gobierno de Macri se expresaba casi en bloque. La decisión del macrismo de unificar el tipo de cambio, quitar derechos de exportación y desregular el comercio exterior respondía a sus principales demandas insatisfechas. Otros actores de poder del empresariado presentaban algunas críticas y rechazaban las posiciones económicas ortodoxas. José Ignacio de Mendiguren, referente de la UIA, respaldaba las medidas de unificación cambiaria. Sin embargo, advertía que, luego de la devaluación:

“Hay que monitorear los precios. Si se erosiona el salario, estamos en el punto de partida” (La Nación, 17/12/2015).

Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), por su parte, reclamaba al Gobierno que aplicara “ciertos mecanismos como la defensa de la competencia” (Página 12, 17/12/2015). Aunque, al mismo tiempo, demandaba (en un sentido neoliberal) una fuerte reducción del programa de regulación de precios, instaurado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (conocido como “Precios Cuidados”). Según de Rioja, “Nosotros no estuvimos de acuerdo con ese programa antes, ni estamos de acuerdo ahora”. Al respecto, sostenía:

“Creemos que se debe acordar una canasta de productos básicos, y Precios Cuidados incluía muchos productos que no deberían haber estado” (Página 12, 18/12/2015).

En cambio, sectores industrialistas vinculados al mercado interno expresaban fuertes críticas a los efectos negativos de la apertura económica sobre la producción nacional. Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), sostenía que la apertura comercial del macrismo había dejado a la industria nacional “indefensa” frente al ingreso de productos importados (La Nación, 18/12/2015). Además, la devaluación preanunciada por el Gobierno había generado un faltante de insumos:

“La devaluación nos está afectando desde hace varias semanas. A partir del momento en el que Prat Gay dijo que iba a subir el dólar, los proveedores dejaron de vendernos insumos” (Página 12, 18/12/2015).

Por su parte, Raúl Zylbersztein, director de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), criticaba el fuerte aumento en el precio de los insumos:

“Desde que ganó Macri, los precios de nuestros insumos en algunos casos aumentaron hasta un 40 %” (Página 12, 18/12/2015).

El dirigente industrial también reclamaba por el faltante de mercaderías: “Hasta ahora no sólo hubo suba de precios, sino que algunos proveedores ni siquiera estaban vendiendo mercadería” (Página 12, 18/12/2015).

Las demandas de las/los representantes de las/los trabajadores

En los comienzos del gobierno de Macri, el mapa sindical estaba conformado por cinco centrales: la CGT oficial o Alsina, liderada por Antonio Caló (con el apoyo de los gremios de sanidad, automotores de SMATA, Luz y Fuerza y empleados de comercio); la CGT Azopardo, liderada por Hugo Moyano; la CGT Azul y Blanca, conducida por Luis Barrionuevo; la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky; y la CTA Autónoma, liderada por Pablo Micheli (Marticorena y D´Urso, 2018; Iglesias, 2019).

Las políticas iniciales de apertura y desregulación económica de la Alianza Cambiemos colocaron a las organizaciones del mundo del trabajo a la defensiva. Los principales reclamos al Gobierno se centraron en el pedido de compensaciones económicas para hacer frente a las consecuencias regresivas de la devaluación sobre los ingresos de las/los trabajadoras/es.

Dentro de la dirigencia de la CGT, Antonio Caló destacaba que la salida del “cepo” cambiario y la baja de retenciones eran medidas favorables a los empresarios. En un contexto signado por la remarcación de precios, y con salarios congelados, Caló reclamaba al gobierno de Macri la sanción de un bono mínimo de 5000 pesos como compensación para los trabajadores:

“Todas las medidas que hasta ahora se anunciaron, como el cepo y la baja de retenciones, fueron a los empresarios. Bueno, ahora nos toca a los trabajadores. Por eso vamos a pedir un bono de cinco mil pesos como mínimo” (Antonio Caló, CGT Alsina, en Página 12, 17/12/2015).

Hugo Moyano se mostraba preocupado por los efectos negativos de las medidas sobre los sectores populares y sostenía: “Los trabajadores no estamos dispuestos a perder el poder adquisitivo”. En ese marco, reclamaba al Gobierno “un aumento de 28 % [en los salarios], bono [de] fin de año y aumento [de haberes] a jubilados” (Página 12 y La Nación, 17/12/2015).

Posicionamientos y disputas en el plenario de la CGT

Frente a la magnitud y el impacto regresivo de las medidas tomadas por la Alianza Cambiemos, el 18 de diciembre se llevó a cabo un plenario que reunió al conjunto de la CGT en el salón Felipe Vallese de la calle Azopardo. En el encuentro estuvieron presentes los secretarios generales de las tres fracciones de la CGT (Moyano, Caló y Barrionuevo). Según Moyano, uno de los exponentes principales de la reunión, se buscaba “la unidad del movimiento obrero” (Página 12, 19/12/2015).

Las organizaciones sindicales reclamaron al gobierno macrista la implementación de un bono de emergencia para compensar la escalada de precios y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, junto con la eliminación del impuesto a las ganancias (La Nación, 18/12/2015; Página 12, 19/12/2015). Sin embargo, lejos de haber un acuerdo general, el plenario mostró importantes diferencias entre los referentes gremiales.

a. Divergencias sobre el monto del bono reclamado

Uno de los desacuerdos principales era sobre el monto del bono reclamado. Mientras que los gremios vinculados a la CGT de Caló demandaban al gobierno de Macri el pago de un bono de un mínimo de 5000 pesos, Moyano no indicaba cifras concretas, pero por lo bajo pedía un bono mínimo de 3000 pesos, y que incluyera también a jubilados y pensionados. Por su parte, Sergio Palazzo (La Bancaria) sostenía que “el Estado debería fijar un monto entre los 4000 y 5000 pesos” (Página 12, 20/12/2015).

Además, según informó Página 12, ya el 14 de diciembre la Federación de Camioneros de Pablo Moyano había pedido un bono de 8000 pesos y amenazado con un paro si el gobierno de Macri no accedía al reclamo. Por su parte, el Sindicato Argentino de Televisión había reclamado un “refuerzo económico” de 7000 pesos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclamó 6800 (Página 12, 19/12/2015). De manera tal que el monto del bono demandado al Gobierno era de entre 3000 y 8000 pesos.

b. Diferencias en la estrategia de acción y el grado de combatividad política

Una segunda divergencia se expresaba en la estrategia de acción política frente al gobierno nacional. Mientras Gerónimo “Momo” Venegas (trabajadores rurales de UATRE) se mostraba conciliador con el gobierno de Macri, Héctor Daer (alimentación) y West Ocampo (sanidad) fueron más duros en los debates internos (Página 12, 19/12/2015).

Antonio Caló mantenía desde el triunfo de Macri una posición negociadora, ya que “el que gana gobierna y el que pierde acompaña” (Página 12, 16/12/2015). Según el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM):

“El pueblo argentino se expresó y lo eligió para los próximos cuatro años. Al gobierno lo vamos a acompañar en todas las cosas buenas que está haciendo” (Antonio Caló, Página 12, 17/12/2015).

En ese marco, Caló sostenía que “nos sentaremos a conversar con el gobierno y dialogaremos” (Página 12, 22/12/2015).

Hugo Moyano, por su parte, afirmaba que el Gobierno había favorecido al agro con la quita de retenciones, y esperaba que fuera igualmente generoso con los trabajadores:

“Ha sido muy generoso con muchos sectores de la sociedad, como el campo, al que le ha dejado sin efecto los impuestos, y espero que deje un poco de generosidad para los sectores laborales” (Hugo Moyano, Página 12, 20/12/2015).

Además, le reclamaba a Macri:

“Tome la decisión de pedirles a las empresas que paguen este bono que corresponde y que es mínimo” (Hugo Moyano, Página 12, 20/12/2015).

Sin embargo, el líder de los camioneros procuraba mantener una “posición de cautela” (Página 12, 15/12/2015).

En una línea gradualmente más moderada se encontraba el histórico dirigente de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Andrés Rodríguez. Rodríguez construía un “nosotros inclusivo” (Arnoux, 2019b, p. 161) universal (“Todos intuimos”) para justificar que la mayor parte de las medidas tomadas por el Gobierno eran necesarias (“había que tomarlas”). Aunque al mismo tiempo incorporaba el conector concesivo “pero” (Anscombre y Ducrot, 1994, p. 127) para expresar que se debía alcanzar cierto “equilibrio” en favor de los trabajadores:

“Todos intuimos hace meses que muchas de estas medidas había que tomarlas, pero queremos equilibrio para que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores” (Andrés Rodríguez, Página 12, 19/12/2015).

Luis Barrionuevo -quien se había encargado de proponer una moción para que el Presidente ordenara un bono extrasalarial por decreto- reclamaba, con un lenguaje coloquial (Arnoux, 2019b, pp. 181-183), que el dinero del bono fuera financiado por los sectores de mayores recursos económicos (“los que más tienen”):

“Los que tienen el dinero afuera y adentro, que hagan la vaquita, que refuercen el Banco Central, pero que la pongan los que más tienen” (Luis Barrionuevo, Página 12 e Infobae, 19/12/2015).

El histórico dirigente gastronómico sostenía: “Los que han ganado mucha plata y que han votado a Macri tendrían que estar poniendo 20 mil millones para [aumentar] las reservas”. Sin embargo, al mismo tiempo afirmaba, colaborativamente: “Hay que dejar andar a Macri” y que estaba “dispuesto a acompañar” al nuevo gobierno (El Destape, 16/12/2015).

Sergio Palazzo, por su parte, afirmaba que no alcanzaba con la propuesta del Gobierno de eximir del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo (a ser cobrado en el mes de diciembre). Lo que debía hacer Macri era cumplir con su promesa de campaña de eliminar en su totalidad ese impuesto:²

“En la campaña electoral prometieron eliminar ganancias. La eximición del medio aguinaldo es una medida insuficiente. Esperemos que cumplan” (Sergio Palazzo, La Nación, 19/12/2015).

En los días siguientes, el gremialista condicionó su participación en el “acuerdo social”, propuesto por Macri, a cambio de que se incluyera una discusión sobre una reforma tributaria progresiva. Además, debía contemplar qué sector iba a hacerse cargo de las consecuencias de la fuerte transferencia de ingresos generada por la devaluación, que había recortado la capacidad de compra del salario de los trabajadores:

“Si el acuerdo social se limita a precios y salarios, entonces no cuenten con nosotros. El acuerdo social tiene que contemplar una reforma tributaria, seguridad y educación y también en la espalda de quién cae el esfuerzo de este acuerdo social, porque ahora ha habido una transferencia fenomenal de recursos con la devaluación y al único al que el salario le alcanza menos es al trabajador” (Sergio Palazzo, Página 12, 21/12/2015).

Además, mientras Moyano criticaba al kirchnerismo por haber mantenido artificialmente el “cepo” cambiario,³ y no haber resuelto el tema inflacionario, Palazzo sostenía categóricamente que, más allá de las medidas tomadas por los gobiernos, la inflación era consecuencia de decisiones de los empresarios formadores de precios:

“Es un falso debate si la suba de precios es de Cristina [Kirchner] o es de Mauricio [Macri] por la devaluación. El Estado no vende productos, el sector empresario es el que ha subido los precios. Los gobiernos toman mejores o peores medidas, pero la inflación la generan los formadores de precios” (Sergio Palazzo, Página 12, 21/12/2015).

El documento consensuado de la CGT

Pese a sus diferencias, las 140 organizaciones de la CGT reunidas en el plenario consensuaron una declaración conjunta, titulada “El camino de la unidad para garantizar el trabajo y la producción”. El documento hacía referencia a “una economía inflacionaria y estancada”, y en la que

“El tipo de cambio, la revisión del cuadro tarifario y la eliminación de las retenciones van a impactar en el nivel de precios, afectando el poder adquisitivo de los salarios” (Documento de la CGT, en Página 12, 19/12/2015).

La declaración reclamaba el mantenimiento de las negociaciones colectivas de trabajo “libres por rama de actividad”, la “convocatoria al Consejo Nacional del Empleo y el Salario Mínimo” y “asegurar el financiamiento del sistema de salud para los trabajadores” (Página 12, 19/12/2015). Además, demandaba al Gobierno que declarase la “emergencia alimenticia” para aquellos sectores de la población que vivían bajo la línea de la pobreza (Infobae, 19/12/2015).

Luego de la reunión, otros referentes de la CGT también tomaron posición sobre la cuestión. Uno de ellos era Ricardo Pignanelli (automotor). El dirigente criticaba las medidas de desregulación del Gobierno. Sin embargo, mediante el uso del concesivo “pero” buscaba moderar los conflictos y garantizar “un tiempo de gobernabilidad”. A partir de la metáfora de “apretar los dientes”, el líder de SMATA se mostraba paciente y conciliador:

“Tenemos que ser sabios y prudentes. Más allá de que todas las medidas que se tomaron no le llegaron aun al pueblo trabajador, hay que apretar los dientes y esperar para ver si este cambio que se planteó es el cambio que estaba esperando la gente. Todas las medidas que se tomaron hasta ahora no reflejan ese cambio. Pero hay que darle un tiempo de gobernabilidad tranquila para que el pensamiento de los que están gobernando no se altere con conflictos que todavía no se deben hacer” (Ricardo Pignanelli, Página 12, 20/12/2015).

También Facundo Moyano (SUTPBA, peajes) expresaba una actitud conciliadora. El dirigente apoyaba el reclamo de la CGT por “un bono de fin de año para restituir el salario que la inflación se come”. Sin embargo, al mismo tiempo sostenía que Macri “Tiene 10 días en el gobierno y hay que ser prudente” (Facundo Moyano, La Nación, 20/12/2015).

Posicionamientos y demandas de la CTA

En la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) las posiciones eran gradualmente más combativas. El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky -quien había demandado previamente a la asunción de Macri la implementación de una “asignación puente” hasta acordar las paritarias- criticaba radicalmente las medidas del Gobierno, las que definía, con un adjetivo calificante de alto grado (García Negroni y Tordesillas, 2023, p. 87), como “temerarias”. Además, rechazaba la convocatoria oficial a un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicalistas y, frente al desborde inflacionario, reclamaba una paritaria anual por encima del 40 % para hacer frente al ajuste de Cambiemos:

“No vamos a ir para poner la firma al ajuste ¿De qué acuerdo me hablan? Este es un país que no estaba en llamas, que no justificaba este tipo de medidas temerarias. Nadie sabe cómo va a terminar esta historia. Nosotros veníamos con una proyección de paritarias para 2016 de 24/25 por ciento, pero ahora vamos a pedir por encima de 40 por ciento y seguramente tomaremos la decisión de no cerrar un acuerdo anual” (Hugo Yasky, Página 12, 18/12/2015).

La CTA Autónoma, dirigida por Pablo Micheli, criticaba duramente las políticas de desregulación y ajuste aplicadas por el gobierno de Macri, que vinculaba con una “profunda redistribución de recursos” de los trabajadores hacia los exportadores y el sector financiero:

“En los primeros días de su gestión, el nuevo gobierno adoptó un conjunto de medidas que implicaron una profunda redistribución de recursos desde los trabajadores y el Estado, hacia los exportadores y el sector financiero. Entre ellas se encuentran la reducción de las retenciones a las exportaciones, la devaluación del peso, el impulso de un mayor endeudamiento externo y las declaraciones en torno a promover acuerdos de libre comercio” (¿Pacto Social o pantalla para encubrir los costos del ajuste? , Documento de la CTA Autónoma, 2015).

El documento de la CTA también rechazaba la firma de un acuerdo con el gobierno macrista y las patronales, ya que tenía “el único fin de limitar los reclamos salariales” y buscaba “encubrir las consecuencias del ajuste estructural que ya está poniendo en práctica”. Además, reclamaba al Gobierno que convocara e institucionalizara el “Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, garantizara “paritarias libres” y una “ampliación de la cobertura de la negociación colectiva” (CTA Autónoma, 2015).

Por último, el documento público incorporaba un conjunto de reclamos más amplios en defensa de los trabajadores y jubilados, que incluían:

• “Participación en las ganancias” de las empresas para los trabajadores.

• “Protección del empleo y ampliación de la seguridad social”, incluyendo la “prohibición de despidos” y el “pago del 82 % móvil para jubilados”.

• “Reestructuración del sistema impositivo”, lo que debía incluir la eliminación del impuesto a las ganancias, eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes de la canasta alimentaria, incremento de los aportes patronales y restablecimiento del impuesto a la herencia (CTA Autónoma, 2015).

Posicionamientos y demandas de las organizaciones de izquierda clasista

En las organizaciones de izquierda clasista, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), coalición de orientación trotskista conformada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista, mantuvo desde el comienzo una posición fuertemente combativa frente al gobierno macrista. A diferencia de la CGT, el FIT rechazó de plano la propuesta del “pacto social” del macrismo y convocó a movilizarse en las calles. Como señalaba el dirigente de Izquierda Socialista, Rubén “Pollo” Sobrero:

“Marchamos contra el pacto social entre la UIA, la burocracia sindical y el gobierno de Macri, que es más ajuste para los trabajadores” (Rubén Sobrero, Izquierda Socialista-FIT, en La Izquierda diario, 13/12/2015).

El FIT, con el apoyo del Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Popular Darío Santillán, realizó una nueva movilización social a Plaza de Mayo en conmemoración por el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. En un documento conjunto, leído en público en la plaza, las organizaciones de izquierda rechazaron las políticas de “ajuste” del macrismo y las vincularon con las remarcaciones provocadas por las grandes empresas formadoras de precios y con el incremento de los despidos y suspensiones de trabajadores:

“Las grandes empresas han desatado una carrera de precios que, en muchos casos, significan remarcaciones de más del 20 % (…). El ajuste económico se está descargando sobre los que menos tienen: los trabajadores y el pueblo. Por eso, al aumento brutal de los precios, se suma el crecimiento de suspensiones y despidos en distintos sectores industriales (…)” (Documento del FIT, La Izquierda, 19/12/2015).

El documento también convocaba:

“A todas las organizaciones obreras y populares a desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar el ajuste en curso y las políticas de entrega del gobierno de Macri” (Documento del FIT, La Izquierda, 19/12/2015).

Al mismo tiempo, planteaba una serie de reclamos programáticos al Gobierno, entre los que se destacaban los siguientes:

1. * Bono de emergencia de fin de año. Salario, jubilaciones y planes sociales al costo de la canasta familiar.

2. * Basta de despidos y suspensiones

3. * No a la criminalización de la protesta.

4. * No al pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

5. * Que la crisis la paguen los monopolios, los terratenientes y las multinacionales, y No los trabajadores y el pueblo (Documento del FIT, La Izquierda, 19/12/2015).

Nicolás del Caño, referente del FIT y excandidato presidencial, rechazó la invitación a reunirse con Macri, ya que “manifiesta una posición social” que “claramente está en las antípodas del Frente de Izquierda” (El Cronista, 11/12/2015). El uso del adverbio modalizador “claramente” contribuye a potenciar gradualmente lo enunciado (Carel y Ducrot, 2005, p. 102; García Negroni y Tordesillas, 2023, p. 79). En este caso, exacerba el rechazo interpelativo.

El dirigente de izquierda demandaba el pago de “un bono de fin de año que compense la suba de precios y la devaluación en curso” (La Izquierda, 21/12/2015). Pero también convocaba a los trabajadores a movilizarse para enfrentar el “ataque” al salario y resistir al “plan ajustador” del gobierno macrista:

“Ante este ataque al salario y al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares, debemos salir a la calle y denunciar el plan ajustador que ya puso en marcha el gobierno macrista (…). Este plan de ataque a los trabajadores y beneficios extraordinarios para los empresarios tenemos que resistirlo en las calles” (Nicolás del Caño, FIT, La Izquierda, 21/12/2015).

Claudio Dellacarbonara, dirigente del PTS, convocaba a una nueva movilización social. La izquierda debía combatir el ajuste del macrismo movilizándose en las calles en defensa de los trabajadores, a contramano de lo que hacía la “burocracia sindical” de la CGT:

“Esta es una primera medida para empezar a responder frente a la devaluación y los aumentos de precios. A contramano de la burocracia sindical, los trabajadores y la izquierda saldremos a la calle para manifestar nuestro rechazo al ajuste y exigir que la crisis no la paguemos los trabajadores y los sectores populares, sino los grandes grupos concentrados” (Claudio Dellacarbonara, PTS, en La Izquierda, 21/22/2015).

El dirigente de izquierda también incorporaba otros reclamos sociales:

“Además de un bono salarial de fin de año, reclamamos por un salario mínimo igual a la canasta familiar; la actualización de salarios mensual de acuerdo a la inflación; la prohibición de despidos y suspensiones; terminar con todas las formas de precarización laboral; la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores bajo convenio y el 82 % móvil a todos los jubilados” (La Izquierda, 21/12/2015).

Por último, el movimiento social Tupac Amaru reclamaba contra la “brutal devaluación” del gobierno de Macri y la “transferencia millonaria (de recursos) desde los trabajadores hacia los grandes exportadores” y demandaba, genéricamente, “tierra, techo y trabajo” (Página 12, 20/12/2015).

La respuesta del gobierno de Macri frente a las demandas de las/los representantes del capital y el trabajo

La respuesta política del gobierno de Macri frente a los reclamos de las/los representantes del capital y el trabajo fue selectiva. Por un lado, en respuesta a las demandas primordiales de las/los representantes del establishment económico, el Presidente decidió profundizar las políticas de liberalización iniciadas en diciembre de 2015. En ese marco, luego de haber salido del “cepo” cambiario y de haber satisfecho en la primera semana las principales demandas de las patronales del agro, durante los primeros meses de 2016:

• Aumentó las tasas de interés en pesos y eliminó las restricciones para acceder a la compra de Letras del Banco Central (LEBAC), a través de la intermediación financiera.

• Acordó el pago de la deuda con los holdouts.

• Inició un nuevo ciclo de endeudamiento público, a partir de un primer paquete de financiamiento por 16.000 millones de dólares.

• Redujo el programa de regulación de precios (conocido como “Precios Cuidados”) de 512 productos a 317.

• Redujo los subsidios de algunos servicios públicos, habilitando un aumento de las tarifas de entre 500 % y 700 % para la energía eléctrica, 400 % para el agua y 100 % para el transporte.

• Permitió, por omisión, una profundización de la devaluación, que, al 2 de marzo de 2016, con un dólar a 15,95 pesos, superó el 60 % (CIFRA, 2016; MECON, 2021).

Estas políticas liberalizadoras de Cambiemos profundizaron la concentración económica y la centralización del capital, lo que benefició al sector bancario-financiero y a empresas privatizadas (Rovelli, 2017, pp. 84-85). A su vez, implicaron el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento externo y valorización financiera (Basualdo, 2020). Paralelamente, el gobierno macrista desoyó las demandas de protección frente a la competencia internacional de la industria nacional vinculada al mercado interno, perjudicando a las pymes (López, 2021).

Por otro lado, frente a los reclamos sociales de las/los representantes del campo popular, Macri les pidió a los dirigentes sindicales reducir la “conflictividad permanente” (Página 12, 15/12/2015). El adjetivo “permanente” denota una carga negativa frente al conflicto social y un intento de apaciguarlo. Al mismo tiempo, rechazó la sanción por decreto de un bono para el conjunto de las/los trabajadoras/es y la eliminación del pago del impuesto a las ganancias. Según el presidente: “El gobierno no está en condiciones de pagar un bono navideño” a los trabajadores (Macri, Página 12, 22/12/2015). A cambio de ello, se limitó a ofrecer mínimas compensaciones, como la exención impositiva del medio aguinaldo y un adicional de 400 pesos para jubiladas/os que cobraban el haber mínimo y la Asignación Universal por Hijo (Página 12, 22/12/2015).

De este modo, en condiciones de fuerte devaluación y alta inflación, la Alianza Cambiemos postergó la demanda de recomposición del poder adquisitivo de trabajadoras/es y apenas atisbó a compensar la fuerte caída de ingresos de una parte de las/los jubiladas/os. Al mismo tiempo, les pedía a las/los representantes de las/los trabajadores ser “realistas” en los reclamos, esperar y acompañar al Gobierno. A través de Prat Gay, afirmaba:

“Nosotros ya anunciamos la exención de Ganancias para el aguinaldo. Toda la discusión salarial va a estar enmarcada en cada uno de los sectores” (Página 12, 19/12/2015)

Mark Fisher sostiene que, desde Thatcher, el capitalismo neoliberal apela a la estrategia del “realismo” para ocluir las alternativas, bajar las expectativas de transformación radical y justificar el orden establecido (Fisher, 2016). En este caso, ser “realista” implicaba que trabajadores y jubilados debían dejar a un lado sus reclamos sociales al Estado para recomponer sus ingresos depreciados con un bono general y limitarse a paliativos mínimos. Al mismo tiempo, Prat Gay redefinía la discusión central y sostenía:

“El bono que le estamos dando es que vamos a subir el mínimo no imponible de Ganancias” (Página 12, 20/12/2015).

Como enfatizaba el ministro de Trabajo Jorge Triaca: “No habrá un bono generalizado” (La Nación, 20/12/2015). Según Triaca, el bono para los trabajadores “No está en agenda” del Gobierno. En cambio, les pedía a los sindicalistas “mirar con realismo lo que está pasando en la economía” (La Izquierda, 19/12/2015; Página 12, 20/12/2015).

Como señala Subirats, la definición de un problema público desde la intervención gubernamental incluye un marco o “frame” que delimita el “perímetro” del problema (Subirats, 2008, p. 114). En este caso, el discurso del “realismo” significaba que las/los trabajadoras/es debían resignarse a la pérdida salarial.

Por su parte, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se mostraba inicialmente abierto y comprensivo con los reclamos del gremialismo (“entiendo lo que reclaman”), aunque luego redefinía y postergaba, mediante el conector concesivo “pero” (“pero que ellos entiendan”), la demanda sindical del bono, a cambio de la actualización del impuesto a las ganancias. Al mismo tiempo, les pedía a los dirigentes gremiales, desde un registro afectivo coloquial (“amigos”) que pretendía acercar la distancia con sus interlocutores (Montero, 2012, pp. 174-175), ser pacientes y “esperar un poquitito”:

“A los amigos de la CGT les digo que entiendo lo que reclaman, pero que ellos entiendan que este gobierno nacional tiene enormes trabajos por hacer. Hay que esperar un poquitito. El bono que le estamos dando es que vamos a subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias” (Ricardo Buryaile, en La Izquierda, 19/12/2015).

A partir de estas estrategias retórico-políticas (ser “realistas”, esperar un tiempo), la respuesta del gobierno de Macri ante los reclamos del campo popular buscaba postergar o anular sus demandas primordiales y, a cambio, las reducía a una medida limitada de compensación económica que, además, incluía sólo a un pequeño sector de las/los trabajadoras/es. Al mismo tiempo, el gobierno macrista se desentendía de su capacidad de sancionar e institucionalizar por decreto-ley un bono para el conjunto de las/los trabajadoras/es, aunque aceptaba eventualmente homologarlo, si cada sindicato lograba la aprobación de forma privada con los empresarios. Según Triaca: “Si hay acuerdo entre las partes, nosotros lo vamos a homologar” (Página 12, 19/12/2015).

Por último, el gobierno de Macri desoyó los reclamos de la izquierda clasista para terminar con los despidos y suspensiones de trabajadoras/es, no criminalizar la protesta social, gravar impositivamente a los monopolios, terratenientes y multinacionales, y no pagar la deuda externa fraudulenta. De hecho, los despidos y suspensiones aumentaron en 2016, el macrismo comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento público externo y profundizó la represión de la protesta social, que había iniciado con la represión de trabajadoras/es de la empresa Cresta Roja en diciembre de 2015 (Giavedoni y Ginga, 2018).

Al mismo tiempo, tomaba partido por inacción, que también constituye un modo de acción relevante (Oszlak y O´Donnell, 1995, pp. 113-114). En este sentido, el gobierno de Cambiemos ignoró los reclamos redistributivos de la CTA Autónoma para dar participación a las/los trabajadoras/es en las ganancias de las empresas, eliminar el IVA a alimentos de la canasta básica, incrementar los aportes patronales, restablecer el impuesto a la herencia y garantizar el 82 % móvil a jubiladas/os.

En los primeros meses de 2016 -aún sin cumplir con su promesa de campaña-, el Gobierno elevó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sin embargo, no incluyó las escalas y las alícuotas que afectaban al tributo. De este modo, el total de trabajadoras/es tributantes terminó ascendiendo hasta alcanzar a 1.800.000 trabajadoras/es (Corral y Wyczykier, 2020).

El gobierno macrista también estableció un techo a las paritarias de 25 % (Senén González, 2021, p. 326), frente a una tasa de inflación que alcanzaría un 40,3 % en 2016 (INDEC, 2021). Sólo entre diciembre de 2015 y julio de 2016, el salario privado cayó en un 12 % promedio (Armelino, 2016, p. 3).

Además, Macri decidió vetar la llamada ley antidespidos (sancionada por el Congreso en mayo de 2016), que declaraba la emergencia ocupacional y prohibía el despido de trabajadoras/es por 180 días (CIFRA, 2016). De esta forma, anuló el principal reclamo de los sectores combativos de la CTA Autónoma y de la izquierda.

Entre enero y septiembre de 2016 hubo casi 180.000 despidos en el sector público y privado y 32.206 suspensiones (Medina, 2019, p. 231), mientras que los convenios colectivos de trabajo cayeron de 1957 a 1731 entre 2015 y 2016 (Marticorena y D´Urso, 2018, p. 247). Esta ofensiva contra las/los trabajadoras/es coadyuvó a un aumento en la conflictividad social durante 2016 (Varela, 2017), en particular reclamos sindicales contra los bajos salarios y los despidos en el sector público (CITRA, 2023, p. 25).

De este modo, en un contexto de inflación creciente, salarios a la baja, masivos despidos y suspensiones de trabajadoras/es, el gobierno cambiemita decidió priorizar las demandas particulares del capital concentrado exportador, el sector bancario-financiero y sus voceros, en desmedro de los reclamos sociales del campo popular.

Conclusiones

En los inicios del gobierno de Macri hallamos una intensa pugna hegemónica en torno a la distribución de los recursos y las consecuencias de la política económica cambiemita. Por un lado, las/los representantes del capital concentrado (en particular, economistas ortodoxos y referentes del diario La Nación) apoyaban las medidas de liberalización económica implementadas y demandaban al Gobierno que aplicara un ajuste fiscal. Sin embargo, mientras que algunas/os exponentes de esta discursividad neoliberal reclamaban reducir el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, lo que incluía realizar un recorte de los subsidios públicos a las tarifas, otras/os pedían volver al endeudamiento externo, reducir el esquema de control de precios (conocido como “Precios Cuidados”), acordar con los holdouts o liberar en su totalidad el tipo de cambio, incluso a costa de aumentar el grado de devaluación. Por otro lado, sectores industrialistas vinculados al mercado interno, desde una visión económica heterodoxa, reclamaban al gobierno de Cambiemos medidas de protección económica frente a los efectos regresivos de la devaluación y la apertura comercial irrestricta, el incremento en el precio de los insumos importados y el faltante de mercaderías.

En la dirigencia sindical, la principal demanda al gobierno de Macri era incorporar un bono de compensación para el conjunto de las/los trabajadoras/es frente a la devaluación, el aumento inflacionario y la caída del poder de compra del salario. Sin embargo, también encontramos diferencias dentro de este espacio. Los desacuerdos se expresaban en el monto del reclamo del bono salarial, con sectores del sindicalismo que pedían un bono de entre 3000 y 8000 pesos. Además, encontramos diferencias en la estrategia política a seguir frente al programa económico del macrismo. La mayor parte de los dirigentes de la CGT se posicionaban a la expectativa. Sostenían que el sindicalismo debía ser prudente y esperar un tiempo para garantizar gobernabilidad. Algunos consideraban que muchas de las medidas del gobierno había que tomarlas y que no había que generar conflictos aún. Otros, en cambio, eran gradualmente más confrontativos frente a lo que adjetivaban como una transferencia fenomenal de recursos económicos de los trabajadores al capital concentrado.

También hallamos diferentes demandas y grados de radicalización dentro de la CTA, con una fracción más combativa (CTA Autónoma) que, junto con el reclamo de paritarias libres para recuperar los salarios, reclamaba la aplicación de políticas redistributivas en defensa del campo popular, como la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y una reestructuración general del sistema impositivo que eliminara el IVA a alimentos, incrementara los aportes patronales, restableciera el impuesto a la herencia y garantizara el 82 % móvil a las/los jubiladas/os. En consonancia con su tradición política confrontativa, los principales referentes de la CTA mantenían una posición más combativa que la dirigencia de la CGT. En la CTA Autónoma, ello se expresaba en el rechazo al pacto social con el empresariado y el sindicalismo, propuesto por el Gobierno.

Por último, observamos una modulación de izquierda clasista, representada institucionalmente por el FIT, que reclamaba el no pago de la deuda externa, la prohibición de despidos y suspensiones, la no criminalización de la protesta social y que el ajuste lo pagasen los terratenientes y banqueros, en lugar del pueblo trabajador. Este sector también se oponía al pacto con la ´burocracia sindical´ y el capital, y se movilizaba en las calles para manifestar el rechazo al plan de ajuste del gobierno macrista.

La respuesta política de Macri a estos reclamos fue selectiva. Decidió priorizar las demandas particulares de las/los representantes y voceros del capital concentrado, al tiempo que buscó anular o postergar los reclamos sociales del campo popular. De este modo, aunque no realizó un ajuste fiscal estricto, en los primeros meses de 2016 el gobierno macrista aumentó fuertemente las tasas de interés, redujo subsidios en algunos servicios públicos, acordó el pago de la deuda con los holdouts e inició un nuevo ciclo de endeudamiento público externo. A su vez, recortó la cantidad de productos regulados del programa de Precios Cuidados y permitió, por omisión, una profundización de la devaluación. Al mismo tiempo, desprotegía a la industria nacional vinculada al mercado interno de la competencia internacional.

Por el contrario, frente a las demandas insatisfechas de los representantes de las/los trabajadoras/es, Macri rechazó la sanción por decreto-ley de un bono para el conjunto de las/los asalariadas/os y la eliminación del impuesto a las ganancias. A cambio de ello, se limitó a ofrecer compensaciones económicas mínimas, reducidas a la exención impositiva del medio aguinaldo. Al mismo tiempo, les pedía a las/los trabajadoras/es y a sus representantes ser “realistas” en los reclamos, esperar pacientes y acompañar al gobierno. Además, en los meses siguientes el gobierno macrista impuso topes a las paritarias y a los haberes jubilatorios por debajo de los niveles de inflación. Por último, ignoró también los reclamos de la izquierda clasista para terminar con los despidos y suspensiones de trabajadoras/es, no criminalizar la protesta social, gravar impositivamente a los monopolios, terratenientes y multinacionales, y no pagar la deuda externa.

De este modo, en condiciones de fuerte devaluación, creciente tasa de inflación y salarios a la baja, Macri decidió priorizar las demandas particulares del capital concentrado agroexportador, el sector bancario-financiero y las/los economistas del establishment, en desmedro de las demandas sociales de los representantes de las/los trabajadoras/es y los reclamos de protección de la industria nacional vinculada al mercado interno. Al mismo tiempo, convalidaba, por omisión, la profunda caída del poder adquisitivo de trabajadoras/es y jubiladas/os.

Financiamiento

Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Fuentes documentales

Diario Ámbito Financiero

Diario El Cronista

Diario Infobae

Diario La Izquierda

Diario La Nación

Diario Página/12

Banco Central de la República Argentina (BCRA) (2016). Informe sobre bancos, marzo. Recuperado de http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/InfBanc0316.pdf

Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2016). Documento de Trabajo N° 15: La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos. Recuperado de http://www.centrocifra.org.ar/docs/La%20naturaleza%20politica%20y%20economica%20de%20la%20alianza%20C.pdf Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) (2023). La protesta en la era Cambiemos: conflicto por la distribución y respuesta represiva, N° 13, marzo. Recuperado de https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2023/03/Metodo-Citra-13.pdf

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Notas

Recepción: 01 septiembre 2024

Aprobación: 01 noviembre 2024

Publicación: 01 febrero 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional