(FaHCE / UNLP)
Este ensayo recupera algunos debates y discusiones públicas sobre la fuerza del estado que se sucedieron entre los primeros años de la post-dictadura y la actualidad. La reseña no tiene pretensiones de exhaustividad, por el contrario, trabaja a partir de la selección de algunos hitos, puntualizando en las intersecciones entre estos debates y la producción académica en ciencias sociales. A riesgo de simplificar, distinguiré dos grandes nudos analíticos. El primero de ellos puntualiza en el problema del autoritarismo, pensando a estas instituciones en tanto riesgo o amenaza para la democracia. El segundo tema, recupera las nuevas interpelaciones a la fuerza del estado que surgen en el marco del problema de la inseguridad. Bajo el lente ordenador de estas ideas fuerza, analizaré distintos debates públicos que se sucedieron a lo largo de estos años, con el propósito de reconstruir un mapa provisorio de los desafíos y tensiones que se anudan en la crítica a los aparatos coercitivos del Estado.
Aunque pueda parecer una obviedad, es necesario recordar que el objetivo de democratizar a las instituciones que monopolizan la fuerza pública e incluso el rechazo al autoritarismo en el ejercicio del poder son demandas recientes en la historia política argentina, cuyo inicio podemos fechar en 1983. Además de la novedad de esta consigna es importante reconocer con Sabina Frederic (2008), que alrededor del ideal democratizador se unificaron una pluralidad de expectativas y reclamos de compleja articulación. Durante aquellos años las fuerzas armadas y en menor medida las policiales, fueron tematizadas a partir de su capacidad para desafiar la consolidación democrática. A modo de ejemplo, Frederic señala que el alzamiento de Aldo Rico en 1987 que fue inicialmente caracterizado en términos de “crisis militar”, destacándose la insubordinación a las autoridades militares fue finalmente interpretado y resuelto a partir de su definición como una amenaza al “orden democrático”. En idéntica sintonía, los alzamientos de 1988 y 1990 fueron analizados centralmente a partir de su capacidad para limitar al gobierno surgido de las urnas en temas cruciales como el enjuiciamiento del terrorismo de estado y el rol que jugarían las fuerzas armadas en el nuevo orden político-social que se estaba estructurando. Y es que en Argentina la propia definición de la democracia reclamaba por aquellos años la exclusión de los militares del juego político que habían protagonizado durante gran parte del siglo XX y, a diferencia de otros países de la región, la exclusión de toda participación en tareas de seguridad interior. La construcción de una clara demarcación de competencias entre tareas de seguridad exterior y seguridad interior, constituyó un eje central en la redefinición del rol de las fuerzas armadas en la sociedad democrática, configurando un caso atípico en una América Latina, que por el contrario, transitó hacia una creciente militarización de las tareas de seguridad pública.
Con menor relevancia en la gran discusión política, las policías ingresaron en el debate público fundamentalmente a partir de casos de violencia policial de gran transcendencia mediática como la llamada Masacre de Ingeniero Budge en 1987, en la que fueron fusilados tres jóvenes que se encontraban bebiendo en una esquina de un barrio de clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires, y años más tarde, en 1991, el asesinato de Walter Bulacio, quien murió después de haber sido detenido y golpeado por la policía en las afueras de un recital de rock. La visibilización del uso ilegal y arbitrario de la fuerza policial contra estos jóvenes desarmados provocó el rechazo de diversos sectores políticos y sociales que alertaron sobre la necesidad de limitar estos usos espúreos de la fuerza pública como una de las tareas pendientes de la consolidación democrática Durante estos años, la violencia policial fue leída en términos de continuidad con el pasado dictatorial y las instituciones policiales como “enclaves” autoritarios que se proyectaban hacia la sociedad a partir de prácticas restrictivas de derechos como las razzias y las detenciones por averiguación de identidad. A la luz de estos resonantes casos, estas prácticas fueran tematizadas como parte de la pesada herencia que se enquistaba en estas instituciones corporativas y ponían en entredicho el estado de derecho. Años más tarde, como veremos, y al amparo de la preocupación por la denominada inseguridad pública, un fuerte sector de opinión rehabilitará estas potestades policiales como herramientas para la prevención y represión del delito. En sintonía con el debate mediático, las ciencias sociales abordaron estas instituciones desde una perspectiva crítica orientada al análisis de la violencia institucional y la persistencia del autoritarismo. La hipótesis de la continuidad afirmaba que los procesos de socialización institucional y las rutinas del trabajo policial perpetuaban una concepción belicista de la seguridad, que la democracia debía superar. A pesar de estos debates, la cuestión policial fue un tema marginal en la agenda pública hasta mediados de los años noventa, cuando los problemas de la corrupción policial y la inseguridad, ubicaron a las instituciones policiales al tope de las preocupaciones públicas.
El denominado problema de la corrupción policial emergió con fuerza en la agenda mediática a mediados de los años noventa, a partir de resonantes casos que involucraban a funcionarios policiales en graves delitos. El caso Cabezas y el atentado en la AMIA junto con una serie de publicitados asaltos, permitieron consolidar una mirada crítica de la institución policial en tanto, “Maldita Policía”. La crisis policial fue descripta como un problema estructural en el cual los delitos individuales se entendieron como el producto de una “descomposición” institucional que reclamaba una urgente reforma, que fue definida en términos de democratización. ¿Qué significa democratización en este contexto? Control civil y político sobre una fuerza corporativa y altamente militarizada, limitación de la corrupción y también profesionalización. Muchas veces estas ideas aparecieron superpuestas y escasamente distinguidas. La primacía del problema del control político y el gobierno civil de las fuerzas de seguridad, opacaba la discusión sobre la heterogénea trama político-económico-policial que estructura la trama de la regulación ilegal del delito. La centralidad de la inseguridad como tema de agenda policial y la compleja imbricación de la corrupción policial con la estructura de control político-territorial bonaerense, sellaron la suerte de una reforma que no logró convertirse en política de estado.
Es necesario subrayar que el problema de la inseguridad que se consolidó en Argentina como tema público en los últimos años de la década de los noventa interpela a la fuerza del estado de un modo diverso al que venimos reseñando. Más allá de que existe una disputa en torno a la importancia en términos relativos de este problema, no existen dudas sobre el crecimiento de las tasas delictivas que la Argentina experimentó desde la década de los ochenta hasta la actualidad. También es evidente la relevancia social y cultural que ha adquirido el sentimiento de inseguridad (Kessler:2009), convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de los argentinos y objeto de numerosas iniciativas estatales. En este contexto, emergieron nuevas expectativas sociales en torno a las instituciones punitivas del estado. Y es que el modo en que ha quedado definida la inseguridad como problema público vinculado al aumento de ciertos delitos, plantea por primera vez en la agenda democrática una demanda vinculada a la necesidad de eficacia en la prevención y represión de los delitos, que interpela a estas instituciones en tanto prestadoras de intervenciones y servicios. Es decir, ya no se trata de limitar y acotar la fuerza pública, sino que emergen demandas de efectividad frente al delito. A pesar de la existencia de una tensa disputa en torno al sentido de las políticas de seguridad, que esquemáticamente se puede dicotomizar entre las posiciones punitivistas y las garantistas, la consolidación de la inseguridad ha implicado una nueva visibilidad y atención sobre las instituciones policiales y el andamiaje punitivo del estado.
Así, los partidarios de la mano dura, reivindican la necesidad de fortalecer las capacidades policiales y los resortes punitivos del estado en general (mayores severidades en las penas de prisión, legitimación de las detenciones policiales preventivas, etc.) no sólo por su potencial eficacia en la lucha contra el delito, sino también por su capacidad para restaurar la primacía de la ley y la autoridad. Por el contrario, las posiciones garantistas señalan la ineficacia de las mayores severidades en la disminución de los delitos y alertan sobre los efectos estigmatizantes y restrictivos de derechos que conlleva cada aumento de las capacidades punitivas del estado. Sin dejar de alertar sobre la necesidad de trabajar sobre las causas profundas de los delitos que para los garantistas refieren al aumento de la desigualdad social, también levantan un programa de reingeniería institucional que busca acotar las intervenciones clasistas y arbitrarias y profesionalizar el uso de la fuerza pública para intervenir frente al delito complejo y la criminalidad organizada. Lejos de ser un tema cerrado, las disputas públicas entre los partidarios de las respuestas puramente punitivas y la critica en clave garantista constituye una marca distintiva del debate argentino sobre el tema.
El señalamiento de estos dos grandes temas públicos busca llamar la atención sobre la rehabilitación de cierta legitimidad para las instituciones que detentan la fuerza pública que se han consolidado en el discurso público democrático al amparo del problema de la inseguridad pública. La demanda de mayor presencia policial, de mayor presupuesto para el área y mayores facultades policiales contrasta con el amplio consenso crítico de los primeros años sobre el papel de la fuerza en la nueva sociedad democrática. Las profundas transformaciones sociales provocadas por la desigualdad social, la pobreza y la fragmentación social, explican gran parte del paisaje social en el que debe ontextualizarse el aumento del delito y el sentimiento de inseguridad. El uso clasista y estigmatizador de la fuerza del estado se encuentra en el centro de la escena y es innegable el reforzamiento de las dimensiones punitivas del estado expresada en el crecimiento del personal policial, el aumento de presupuesto y de personas encarceladas. En este marco, lejos de la negación de la entidad del problema de la inseguridad, las posturas progresistas deben distinguir y atender los tres problemas analíticamente diversos que hemos planteado. En primer lugar se debe mantener la agenda democratizadora que propugna un uso mínimo y legalmente controlado de la fuerza pública. En segundo lugar debe atender a una necesaria reforma en clave de profesionalización y control civil de las instituciones policiales capaz de ejecutar una política multi-agencial de prevención del delito y los conflictos. En tercer lugar, se deben desandar las expectativas creadas en torno a la capacidad del castigo como instrumento de prevención de los delitos y revitalizar los proyectos de inclusión e igualación social como los únicos horizontes posibles para una sociedad democrática.
Frederick, Sabina (2008) Los usos de la fuerza pública: debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia. Buenos Aires: Biblioteca Nacional y Universidad Nacional de General Sarmiento.
Gingold, Laura (1997) Memoria, moral y derecho: el caso de Ingeniero Budge (1987-1994. México: FLACSO- Juan Pablo Editor. Introducción, Capítulo 1 y 3.
Kessler, Gabriel. (2009) El sentimiento de Inseguridad. Sociología del temor al delito. Capitulo
Kessler, Gabriel (2007) “Miedo al crimen Representaciones colectivas, comportamientos individuales y acciones públicas” en Isla Alejandro. En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el cono sur. Buenos Aires: Paídos.
Pita, María Victoria. (2010) Formas de vivir y formas de morir. El activismo contra la violencia policial. Buenos Aires, Editores del Puerto y CELS.
Tiscornia Sofía. (2008) Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio. Buenos Aires: Editores del Puerto y CELS
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