ARTICULO/ARTICLE
Emiliano Rojido Fiori
Universidad de la República
Uruguay
emilianorojido@gmail.com
Cita sugerida: Rojido Fiori, E. (2014). Políticas de seguridad en el Brasil de los mega-eventos. Cuestiones de Sociología, nº 10, 2014. Recuperado de: http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a05
Resumen: El objetivo del artículo es ofrecer un breve panorama sobre la seguridad pública de Brasil en vísperas de los mega-eventos, analizando puntualmente los desafíos que atraviesan las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en Rio de Janeiro. El documento argumenta que las UPPs enfrentan su peor crisis al momento de la Copa del Mundo, evento con exigencias de seguridad que amenazan el desarrollo de un programa que ha evidenciado logros y permanece, en cierto sentido, indefinido e inconcluso. El trabajo se basa en la revisión de literatura académica, el análisis de datos secundarios y materiales de prensa. En él se detallan aspectos de coyuntura, se describe el sector de la seguridad considerando aspectos institucionales y de política pública, se analiza la situación de las UPPs en Rio de Janeiro, y se ofrecen algunas reflexiones a modo de conclusión.
Palabras clave: Políticas de Seguridad; Mega-eventos; Pacificación; Policía; Brasil
La Copa del Mundo de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 son acontecimientos de escala planetaria que suponen un enorme desafío para Brasil, su país organizador. Por una parte, estos eventos exacerban el sentimiento nacional y representan una oportunidad para atraer negocios y demostrar al mundo la capacidad de una potencia emergente. Por otra, generan cuestionamiento sobre las grandes inversiones preparatorias, su costo de oportunidad y los procedimientos de adjudicación. El debate sobre los mega-eventos no se agota en la dimensión económica, involucra la priorización de asuntos en la agenda política, sospechas de corrupción, disputas por el espacio público y derechos ciudadanos.
Brasil enfrenta una coyuntura social compleja con derivaciones concretas y potenciales sobre la seguridad pública. Amplios sectores de la población se muestran insatisfechos con los mega-eventos al asociarlos a un deterioro de sus condiciones de vida. Esta percepción tiene fundamentos: las ciudades son colapsadas por obras de infraestructura, obreros mueren en la construcción apurada de ostentosos estadios, el costo de vida aumenta, se activan procesos de gentrificación, proliferan huelgas en reclamo de condiciones laborales (en sectores como transporte, educación, etc.), y los deficientes servicios públicos se mantienen como simple testigo de los nuevos emprendimientos. La sensación de injusticia por costear eventos superficiales y socialmente exclusivos se refuerza y gana lugar entre el recuerdo de las manifestaciones de junio de 2013 y un futuro signado por elecciones nacionales en octubre de 2014.
Desde el sistema político medidas como la Ley General de la Copa (1) contribuyen al descontento popular al entrar en conflicto con la Constitución, el interés público y la soberanía de Brasil (Andrade Do Bomfim, 2012). La ley determina un sistema especial de visas para entrar al país, la exoneración de impuestos y la suspensión de derechos del consumidor en espectáculos organizados por la FIFA. Asimismo, otras iniciativas legislativas remitidas al Congreso buscan prohibir las huelgas durante los eventos (proyecto nº 728/2011) (2) o limitar el derecho de manifestación agravando las penas del “vandalismo” y creando figuras penales como “asociación para el desorden” y “terrorismo” (proyecto nº 499/2013). (3)
Los mega-eventos entrelazan la discusión de políticas, derechos, intereses económicos, demandas sociales y aspectos de seguridad. En particular, la seguridad pública asume prioridad en un país que históricamente ha presentado altos niveles de violencia y debe hacer frente, en el corto plazo, a compromisos internacionales significativos. La importancia de la ocasión ha dado lugar a la fundación de un órgano excepcional para coordinar las instituciones del sector: la Secretaría Extraordinaria de Seguridad para los Grandes Eventos (SESGE). (4)
Específicamente en lo que se refiere a violencia y criminalidad la situación de Brasil es problemática. Aunque según cifras del Latinobarómetro la victimización de 2011 (32%) está por debajo del promedio de América Latina (33%), el análisis cambia al observar los homicidios. Brasil exhibe una tasa de 25,2 homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh) (5) que es expresiva incluso en la región más violenta del planeta (la tasa de América es 16,3); y representa con sus 50.108 casos más del 11% del total mundial de homicidios ocurridos en 2012 (UNDOC, 2013). De acuerdo al Anuario Brasilero de Seguridad Pública, si bien la tasa de homicidios se ha mantenido estable en los últimos años (crece 8% entre 2005 y 2012) su distribución territorial es heterogénea y presenta variaciones novedosas. Un análisis sincrónico de datos del 2012 muestra a San Pablo (11,5) como el estado con menor tasa de homicidios, a Rio de Janeiro (23,5) muy próximo al promedio nacional y a Alagoas (58,2) con la mayor tasa del país. Un análisis diacrónico evidencia un “desplazamiento” de la violencia letal desde el Sudeste hacia el Nordeste y otras regiones del país. En efecto, entre 2005 y 2012 la tasa de homicidios en el Sudeste disminuyó 38,1%, en tanto aumentó en el Nordeste (39,3%), Centro-Oeste (30,3%), Norte (26,2%) y Sur (4,2%). (6) En apenas siete años el Nordeste pasó de representar el 29,3% al 40,4% de los homicidios del país (FBSP, 2013).
En segundo lugar, existe un considerable nivel de inseguridad ciudadana. De acuerdo a datos del Latinobarómetro para 2011, mientras un 47% de los brasileros manifiesta estar preocupado todo o casi todo el tiempo con sufrir un delito violento, el promedio de América Latina es del 39%. Asimismo, el 84% de los brasileros cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 12 meses, cifra que es levemente superior al promedio regional (83%). Con todo, es interesante notar que sólo el 7% de los brasileros considera la delincuencia como el principal problema de su país, lo que contrasta con la opinión del 28% de los latinoamericanos. La incongruencia entre indicadores de inseguridad puede deberse a diferentes razones como la concentración de violencia en ciertas sub-poblaciones, la banalización de delitos urbanos comunes o la simple priorización de otros problemas sociales.
En tercer lugar, no ha existido en los últimos años un conjunto de políticas públicas con perspectiva de largo plazo que aborde el problema de la seguridad de forma integral, coordinada y sometida a procesos de evaluación. Las iniciativas más interesantes suelen ser aisladas, inconexas y no siempre gozan de la continuidad necesaria. Adicionalmente, si bien el presupuesto total destinado a seguridad pública se ha incrementado (48% en reales per cápita entre 2007 y 2012), la distribución del gasto parece responder más a lógicas políticas que al fenómeno de la criminalidad (FBSP, 2013). Lo mencionado afecta la opinión de la población sobre las instituciones con responsabilidad en la materia, lo que se expresa en bajos niveles de confianza hacia la Policía (31%), el Poder Judicial (29%), el Congreso Nacional (15%) y los Partidos Políticos (6%) (FGV, 2013).
El objetivo de este artículo es ofrecer un breve panorama sobre la seguridad pública de Brasil en vísperas de los mega-eventos, analizando puntualmente los desafíos que atraviesan las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en Rio de Janeiro. El caso de Rio resulta interesante por constituir el epicentro de los mega-eventos; (7) representar un símbolo internacional de la violencia urbana; y desarrollar un innovador programa de prevención del crimen en favelas. Además de resultados prometedores las UPPs han conquistado un apoyo político y social inusitado, el cual no obstante, atraviesa su mayor crisis al momento de disputarse la Copa del Mundo de la FIFA.
Desde el punto de vista metodológico este trabajo asume el riesgo de abordar acontecimientos en curso, sin la conveniente perspectiva que permite el distanciamiento temporal. Su elaboración se basa en la revisión de literatura académica, el análisis de datos secundarios y materiales de prensa. A continuación de esta introducción se describe el sector de la seguridad considerando aspectos institucionales y de política pública, se analiza la situación de las UPPs en Rio de Janeiro, y se ofrecen algunas reflexiones a modo de conclusión.
En Brasil existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Si bien constitucionalmente la seguridad pública es competencia de los estados, los restantes poderes desempeñan funciones en la materia y han adquirido un protagonismo creciente en los últimos años (Cano, 2006; Ribeiro, 2008).
La Policía Federal se encarga de delitos como el tráfico ilícito de drogas, además de la vigilancia de fronteras y aduanas. Asimismo, se desempeñan a este nivel la Policía Rodoviaria Federal (control de carreteras), la Policía Ferroviaria Federal (control de vías férreas), y la Fuerza Nacional de Seguridad, que recluta agentes de todos los estados para intervenir en situaciones puntuales de crisis. Dicha fuerza desempeña un rol importante en la seguridad de los mega-eventos mediante la SESGE.
Los esfuerzos por consolidar el nivel federal como ámbito decisivo para la articulación de políticas nacionales de seguridad no han sido siempre fructíferos. Entre las iniciativas recientes se destaca la creación en 1998 de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública para definir, implementar y acompañar los programas de violencia y criminalidad desde la órbita del Ministerio de Justicia. Otras medidas son el Plan Nacional de Seguridad Pública en el año 2000, el Fondo Nacional de Seguridad Pública en 2001, la aprobación del Estatuto del Desarme en el año 2003 y el Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía en 2007. Posiblemente el mayor éxito de la política federal radique en la definición de directrices mediante el financiamiento de proyectos estatales y municipales de seguridad, así como en el control nacional de armamentos (Cano & Ribeiro, 2007; Ribeiro, 2008).
Los estados son los principales actores en materia seguridad. Cada una de las 27 unidades federativas cuenta con dos fuerzas policiales, una Militar y una Civil. A la primera le cabe el patrullaje ostensivo y la preservación del orden público, en tanto la segunda se ocupa de investigar los delitos para auxiliar al Poder Judicial. La gestión de la seguridad en Brasil es tradicionalmente reactiva, asociada a la repercusión de hechos coyunturales y orientada a la represión antes que a la prevención (Cano, 2006). La actividad de la policía muestra un claro sesgo punitivo hacia los sectores populares, lo que es incentivado por el sistema de justicia, el gobierno, los medios de comunicación y la población en general (Kant De Lima, 1995). Las intervenciones suelen ser poco planificadas, ejecutadas por cuerpos policiales deficientes (en formación, salarios, etc.), y excepcionalmente evaluadas en términos de su impacto.
Sin embargo, existen avances modernizadores a partir de la proliferación de policías comunitarias, la priorización de los homicidios por sobre otro tipo de delitos, la creación de “ouvidorías” para denuncias de abuso policial, la mejora en los sistemas de información, (8) y proyectos de reforma general del sector de la seguridad (9) (Cano, 2006; Ribeiro, 2008). Particularmente la región Sudeste es la que más avances ha logrado en término de políticas preventivas y multisectoriales, policiamiento por resultados, y ejecución de programas dirigidos a jóvenes en áreas urbanas de alta vulnerabilidad (Serrano-Berthet & Chioda, 2012). Entre los programas con mejores resultados sobresalen el “Fica Vivo” en Minas Gerais (Minas Gerais, 2009; PNUD, 2013), el “Pacto pela Vida” en Pernambuco (Pernambuco, 2007; Macêdo, 2012;), y las “Unidades de Polícia Pacificadora” en Rio de Janeiro.
El involucramiento de los municipios en funciones de seguridad es variable, si bien está normalmente restricto a actividades de prevención social (proyectos educativos, asistenciales, etc.) situacional (cámaras de vigilancia, alarmas, etc.) y policial (guardias). Las Guardias Municipales tienen la misión de preservar el patrimonio público (edificios, parques, etc.) y organizar el tránsito, aunque en la práctica puede contribuir en tareas de represión. En los últimos años el poder local se ha consolidado como actor clave en materia de seguridad pública (Cano, 2006; De Mattos & Caruso, 2007; Ribeiro, 2008). Un ejemplo paradigmático de medidas desde el ámbito municipal es el de Diadema (San Pablo), que creó una Secretaria de Defesa Social, reestructuró su Guardia Municipal e implementó proyectos eficaces de prevención de la violencia (10) (Prefeitura de Diadema, 2011).
Las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) son quizás la iniciativa más destacada en términos de seguridad que ha tenido Brasil en los últimos años. Implementadas desde fines de 2008 en Rio de Janeiro, las UPPs tienen el objetivo de recuperar el control de territorios tomados por el crimen organizado y facilitar la integración social y económica de las favelas en la ciudad (Cano et al, 2012; Serrano-Berthet, 2013). El programa procede en cuatro etapas: i) la intervención táctica consiste en la incursión militarizada, generalmente con previo aviso, para la recuperación del territorio; ii) la estabilización es el patrullaje posterior de la favela, todavía bajo la responsabilidad de los grupos de operaciones especiales; iii) la implantación de la UPP ocurre cuando el control del área pasa a la policía de proximidad y se prepara la llegada de otros servicios públicos y privados; y iv) finalmente se prevé la evaluación y monitoreo del programa.
Existen importantes diferencias entre el modelo “pacificador” y el de “guerra contra el crimen” que lo precede. En primer lugar, el objetivo pasa a ser el control del territorio y no la erradicación del tráfico organizado de drogas. En segundo lugar, el medio para conseguir ese objetivo debe respetar derechos y reducir al mínimo las confrontaciones armadas. En tercer lugar, en vez de incursionar militarmente de forma sistemática y retirarse, la policía se establece en las comunidades. En cuarto lugar, se busca complementar la intervención policial con la oferta de proyectos y servicios sociales. (11) Finalmente y en quinto lugar, el programa UPP goza desde su origen de un inusitado apoyo de los medios de comunicación y empresas del sector privado (Cano & Ribeiro, 2012; Serrano-Berthet, 2013).
Si bien algunos especialistas descreen en la posibilidad de transformaciones sustantivas sin una completa reforma de la institución policial (Soares, 2011), existen estudios que revelan cambios positivos en el desempeño de la policía en favelas pacificadas. Desde una perspectiva cuantitativa, las UPPs muestran “una reducción notable de la violencia letal y, en menor medida, de los robos, y un aumento en los registros de delitos no letales contra la persona y no violentos contra la propiedad, tales como lesiones, amenazas, violaciones y hurtos. La disminución más llamativa fue la correspondiente a las muertes en intervenciones policiales. El efecto neto del proyecto sobre la mortalidad violenta representa una disminución de 60 muertes por cada 100.000 habitantes por año, dentro de las comunidades, como resultado de la entrada de la UPP, una reducción muy significativa” (Cano & Ribeiro, 2012: 20). (12) Desde una perspectiva cualitativa, los vecinos manifiestan mejoras en la seguridad confirmando el fin de los tiroteos, mayor libertad de locomoción y expresión, reducción del estigma de vivir en favelas, y en ciertos casos un mejor acceso a servicios públicos y privados (Cano et al, 2012; Serrano-Berthet, 2013).
Las UPPs generan interés político, social y académico, tanto en Brasil como en el exterior. No obstante, generan también críticas y resistencia entre sectores de la población. Varias investigaciones señalan omisiones, deficiencias y efectos perversos en el desarrollo del programa. En primer lugar no se ha logrado revertir la desconfianza heredada por una policía que representó históricamente la cara más brutal de violación a los derechos humanos. (13) En la mejor hipótesis el escepticismo es apenas el punto de partida de las UPPs y éstas suponen el desafío de construir una nueva relación entre la policía y la población de las favelas (Cano et al, 2012; Baumann et al, 2011; Musumeci Soares, 2012).
En segundo lugar las UPPs son cuestionadas por falta de transparencia en torno a aspectos fundamentales como i) los criterios utilizados para la selección de favelas (casi todas en áreas ricas y estratégicas) (Cano & Ribeiro, 2014), y ii) la perspectiva de continuidad del programa luego de los mega-eventos. La incertidumbre generada por la falta de transparencia sumada a un largo historial de abandono y violencia institucional fortalecen la sospecha de un “estado policial de excepción” para controlar a las favelas y desarrollar un proyecto de ciudad cosmopolita, turística y de negocios. Desde esta perspectiva los mega-eventos tendrían un papel fundamental para explicar el desarrollo del programa (Vainer, 2010; Sousa Silva, 2011).
En tercer lugar, también han sido criticadas consecuencias de la implementación de las UPPs: el aumento del costo de vida en las favelas, la intromisión de la policía en asuntos ajenos a su función (regulación moral, control cultural, etc.), la persistencia de prácticas abusivas, la producción de nuevas desigualdades entre las comunidades con y sin UPP, los procesos de gentrificación, son solo algunos de los elementos indicados. (Cano et al, 2012; Machado, 2010; Rocha, 2011; Musumeci Soares, 2012; Batista, 2013).
Los cuestionamientos que siempre existieron tienden a profundizarse en vísperas de la Copa del Mundo de la FIFA. Las UPPs atraviesan su peor crisis y hay al menos tres acontecimientos a considerar en este sentido. El primero es que han resurgido los enfrentamientos armados entre policías y grupos traficantes en áreas pacificadas que se consideraban bajo control estatal. En 2014 los tiroteos emergieron con intensidad a través de la ciudad, abarcando favelas como Complexo do Alemão (zona norte), São Carlos (región central), Rocinha y Pavão-Pavãozinho (zona sur). (14) Las confrontaciones involucraron barricadas, incendio de unidades de la UPP y la muerte de varios agentes en servicio. Posiblemente la situación de mayor tensión política ocurrió en el mes de abril, cuando las calles del famoso barrio de Copacabana fueron cerradas debido al fuego cruzado de policías y facciones criminales.
El segundo hecho, vinculado al anterior, es que las “víctimas inocentes" (15) de la actuación policial han despertado la indignación de vecinos y de una opinión pública cada vez más desencantada con las UPPs. Casos como la desaparición del albañil Amarildo o el asesinato del bailarín Douglas Rafael da Silva (16) fueron considerados emblemáticos del abuso policial y motivaron protestas sociales masivas. Es un hecho también que las manifestaciones en repudio a la violencia institucional derivaron generalmente en mayor represión policial.
El tercer suceso es que el programa expande su cobertura de manera poco sensible a los conflictos. En el primer semestre de 2014 se ocuparon tres nuevas favelas: Vila Kennedy, Complexo da Mangueirinha, y Complexo da Maré. Solo la última, tiene una población de 130 mil personas y es uno de los territorios más violentos de la ciudad. Las autoridades públicas no reconocen la crisis sino apenas intentos aislados por desestabilizar el programa. La posición del gobernador de Rio de Janeiro ha sido avanzar con las UPPs mostrando firmeza antes que buen criterio para evaluar lo realizado y ajustar sus deficiencias. Con el fin de contener una eventual escalada de inseguridad el poder federal ha anticipado dos mil efectivos militares previstos como refuerzo para la organización de la Copa del Mundo. Evidentemente la mayor cantidad de favelas y policías dificulta la gestión del programa y el control de la fuerza policial. La preparación de la Copa del Mundo parece acelerar la implementación de UPPs, amenazar su integridad programática, e invisibilizar los conflictos y el recrudecimiento punitivo en las áreas pacificadas.
La situación alerta sobre los riesgos de una nueva retórica de “guerra por la paz”, una defensa punitiva del proceso de pacificación. En sus cinco años de trayectoria las UPPs ven debilitada lo que pudo ser una vocación inicial comunitaria (17) y no han logrado acompasar la ocupación policial con una oferta articulada de otros servicios públicos. Se impone la necesidad de revisar con seriedad el programa, sus logros, debilidades y desafíos. Son demasiadas las interrogantes que restan por responder: ¿Cuál es el criterio de selección de las favelas a ser pacificadas? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios del programa? Además de la saturación policial, (18) ¿Qué novedad trae el programa? ¿Hasta qué punto es deseable un policiamiento exclusivo para favelas? ¿Son sustentables las UPPs considerando su costo económico? ¿Cuál es la planificación para luego de los mega-eventos? Más allá de ajustes de diseño e implementación es urgente ofrecer señales nítidas sobre el propósito del programa y la policía: contener y controlar los sectores sociales vulnerables para que ricos y extranjeros disfruten de la ciudad, o garantizar el ejercicio de derechos a toda la ciudadanía. Esa es la encrucijada.
Brasil será sede de mega-eventos como la Copa del Mundo de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Para amplios sectores de la población los compromisos asumidos son motivo de insatisfacción y protesta. La coyuntura social es compleja y refuerza la seguridad pública como prioridad en un país con una situación problemática en la materia. A pesar de que Brasil tiene deficiencias institucionales y ausencia de políticas integrales de largo plazo, existen tendencias modernizadoras en lo que respecta a violencia y criminalidad. Uno de los programas más destacados de los últimos años ha sido el de las Unidades de Policía Pacificadora en Rio de Janeiro.
La presencia estable de la fuerza pública en las áreas más vulnerables de la ciudad aparece como un elemento necesario (como en toda la ciudad) pero insuficiente para una convivencia social legal y democrática. En Rio de Janeiro queda mucho por avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado y sectores de la ciudadanía históricamente relegados y victimizados. En lo que se refiere a seguridad pública, el modelo de “guerra” que precede a las UPPs ya no es una alternativa ni desde el punto de vista moral ni desde el instrumental, conocidos sus resultados.
Las UPPs enfrentan su peor crisis de legitimidad durante la Copa del Mundo, acontecimiento que ha aumentado la exposición internacional del país, la ciudad y el programa. La población responsabiliza a la policía de los abusos, en tanto las autoridades oscilan entre omitir críticas y reaccionar a los conflictos remitiendo a la amenaza latente del “enemigo”. Las exigencias de seguridad que los mega-eventos imponen podrían representar una oportunidad o amenazar el desarrollo de un programa que ha evidenciado logros y permanece, en cierto sentido, indefinido e inconcluso.
(1) Ley nº 12.663 de Junio de 2012. Disponible en: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/9990/lei_geral_copa.pdf?sequence=1.
(2) Disponible en: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103652
(3) Disponible en: http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=141938&tp=1
(4) El SESGE fue creado por el decreto nº 7.538 del 1º de Agosto de 2011. Por más información consultar: http://sesge.mj.gov.br/
(5) Esta tasa se duplica entre las personas de 15 a 24 años. En Brasil más de la mitad de los muertos por homicidios en 2011 eran jóvenes (52,63%), de los cuales el 71,44% eran negros (negros y pardos) y el 93,03% del sexo masculino (Waiselfisz, 2013).
(6) En este periodo, sobresale la reducción de la tasa de homicidios en Rio de Janeiro (-40,3%) y San Pablo (-36,6%); así como el aumento en Paraíba (186%), Bahía (176%) y Ceará (117,7%).
(7) Entre los eventos sedeados por la ciudad se pueden señalar los Juegos Panamericanos de 2007, la Conferencia de las Naciones Unidas Rio+20 en 2012, la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica en 2013, la Final de la Copa del Mundo de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Asimismo, Rio celebra periódicamente el festival de música Rock in Rio y el famoso Desfile de Carnaval.
(8) Un caso interesante es de “Delegacia Legal”, en Rio de Janeiro. Por más información consultar: http://habitat.aq.upm.es/dubai/06/bp0925.html
(9) Actualmente está siendo considerado por el Congreso un proyecto de reforma constitucional para la desmilitarización de la Policía. Por más información consultar: http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114516
(10) Esta experiencia fue catalogada como buena práctica por Naciones Unidas. Por más información consultar: http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp1310.html
(11) En este sentido tiene especial repercusión el programa “UPP social”: http://uppsocial.org/
(12) Uno de los resultados más notables de las UPPs es la reducción de la letalidad policial, problema diagnosticado hace años en las favelas de Rio de Janeiro (Cano, 1997). El aumento en los delitos no violentos contra la propiedad y no letales contra la persona podría deberse tanto a un menor sub-registro policial como a la retirada del control punitivo informal de los grupos narcotraficantes en las comunidades (Cano et al, 2012).
(13) De hecho la policía es prácticamente la de siempre, adaptada a un nuevo modelo de trabajo. Estudios muestran que la mayoría de los efectivos policiales que actúan en UPPs descreen del programa y mantienen a la policía militar tradicional como referencia profesional (Musumeci Soares, 2012).
(14) Por supuesto, también ocurren tiroteos y enfrentamientos sistemáticos en favelas no pacificadas.
(15) Refiere a personas que sin formar parte de grupos criminales armados son víctimas “accidentales” de los enfrentamientos entre aquellos y la policía.
(16) Douglas trabajaba en un popular programa de televisión abierta, lo que otorgó al caso una fuerte repercusión mediática.
(17) Si bien en rigor nunca llegó a tratarse de una policía comunitaria, la alusión a dicho ese concepto fue progresivamente sustituida por la idea más general de policía de proximidad (Cano & Ribeiro, 2012).
(18) En las primeras 13 UPPs la razón de policías militares por residentes era 18,2 por cada 1.000 habitantes, lo que resulta ocho veces superior a la media estatal de 2,3 policías por cada 1.000 habitantes (Cano et al, 2012).
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Naciones Unidas. Ciudades para un Futuro más Sostenible: http://habitat.aq.upm.es/
Pew global research: http://www.pewglobal.org/2014/06/03/brazilian-discontent-ahead-of-world-cup/
Programa Fica Vivo!: https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=comcontent &task=view&id=283&Itemid=117
Programa Pacto pela Vida: http://www.pactopelavida.pe.gov.br
Programa Unidade de Policía Pacificadora (UPP): http://www.upprj.com/
Programa UPP social: http://uppsocial.org/
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos: http://sesge.mj.gov.br/
Recibido: 21 de marzo de 2014
Aceptado: 18 de mayo de 2014
Publicado: 11 de septiembre de 2014
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