ARTICULO/ARTICLE
Wim Savenije.
Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Argentina.
W.Savenije@yasd.eu
Cita sugerida: Savenije, W. (2014). Políticas de seguridad en El Salvador. Cuestiones de Sociología, nº 10, 2014. Recuperado de: http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a09
Resumen
El artículo
analiza las políticas implementadas en el Salvador con el
objetivo de disminuir la violencia y los delitos relacionados con las
pandillas callejeras entre los años 2003 y 2013. Tras
analizar los rasgos centrales de estas políticas concluye que
a pesar de las profundas diferencias, se trato en todos los casos de
medidas cortoplacistas, que buscaron soluciones instantáneas
a problemas de seguridad complicados y de largo plazo -sea de estilo
mano dura o en forma de dialogar con las pandillas y facilitar una
tregua- no han logrado mejorar la situación de inseguridad.
Lejos de ello, han fortalecido a las pandillas y han provocado una
severa restricción de las oportunidades de los jóvenes
no incluidos en este tipo de organizaciones.
Palabras Claves: Políticas de Seguridad; Pandillas Callejeras; Jóvenes
Las ‘maras’ o pandillas callejeras trasnacionales Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18 (18st) llaman mucho la atención actualmente en la región centroamericana. En El Salvador, el inicio de las pandillas transnacionales se ubica en los años noventa, cuando los barrios populares de las ciudades se volvieron los lugares donde llegaban -muchas veces deportados- pandilleros forjados en las calles de ciudades como Los Ángeles o San Diego y allí encontraron tierra fértil para sus nociones de ser pandillero. Para los jóvenes locales traían un modelo pandilleril distinto y atractivo, y así cuando los nuevos empezaban a querer formar dependencias o `clikas’ de su propia pandilla, muchos querían formar parte. Para ellos “el estilo que observan en los jóvenes llegados de los Estados Unidos les atrae a la imitación” (Smutt & Miranda, 1998, p. 37). Apropiándose de las nuevas reglas y conductas, paulatinamente las pandillas barriales locales se transformaron y se unieron como clikas a las dos pandillas trasnacionales. Uno de los aspectos que más influyó y cambió las dinámicas entre las pandillas de diferentes barrios, era la enemistad a vida y muerte que proclamaban la MS y 18st. Muy diferente a las pandillas barriales donde la enemistad fue circunstancial, ambas bandas iniciaron una guerra sin cuartel. Cada una se volvió el referente principal y el archienemigo de la otra, y de esa manera creció en Centro América una hostilidad aún más feroz y letal que en los Estados Unidos (Savenije, 2009).
La violencia de las confrontaciones y los muertos que cayeron entre sus miembros pronto angustiaron a la población. Los medios de comunicación reportaban ampliamente sobre los homicidios atribuidos a los pandilleros y, en el transcurso del tiempo, el número de muertos se volvió el indicador más importante de la presencia pandilleril y la (in)seguridad. Las autoridades vinculaban mucho de la violencia y delincuencia en el país al actuar de las pandillas y por esa razón dirigían a ellas las políticas de seguridad más destacadas. A partir de 2003, políticas altamente represivas - ‘estilo mano dura’- y leyes ‘antimaras’ fueron las principales estrategias para disminuir los homicidios y enfrentar la inseguridad en el país. A pesar de que nunca fue claramente comprobado que las pandillas eran responsables de la mayoría de los hechos violentos, fueron considerados como una amenaza a la seguridad nacional y el discurso sobre la (in)seguridad las señalaba principalmente a ellas (Silva Ávalos, 2014, p. 264; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho [FESPAD], 2004, p. 19).
Figura 1: Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador, entre 1999 y 2011.
Fuente: UNODC, 2011 & 2014.
Claramente la tasa de homicidios era muy alta a los finales de los noventa y siguió con una clara tendencia a incrementar durante la década siguiente (United Nation Office on Drugs and Crime [UNODC], 2011; UNODC Global Study on Homicide, 2014) (ver Figura 1). La situación de inseguridad en el país se asentó como un tema de creciente preocupación entre la población. Encuestas de opinión pública realizadas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, indicaron que en 1999, el 42,6% de la gente consideraba que la delincuencia, violencia y las pandillas representaban el problema principal que afectaba el país, mientras que en octubre 2003 este porcentaje era 48,2% y en 2006, el 53,3%. (1)
En 2012, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tomó la decisión inadvertida de facilitar una tregua entre las dos principales pandillas, la cual que fue acompañada por un descenso importante de homicidios. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes cayó de 69,2 en 2011 a 41,2 en 2012 (UNODC Global Study on Homicide, 2014). Como parte del proceso, los líderes de las pandillas trasnacionales que antes estaban separados y aislados en una cárcel con los niveles de seguridad más altos en el país, recibieron acceso amplio a los medios de comunicación y anunciaron un cese de fuego y un proceso de pacificación; además, ordenaron a los pandilleros en los barrios de dejar de atacar y matar a sus rivales. (2) A pesar del compromiso de las pandillas con un proceso de pacificación, la situación de seguridad para los jóvenes comunes que viven en barrios considerados como territorio por las pandillas, no parece haber cambiado mucho. Las actividades que pueden desarrollar siguen severamente restringidas por el control y la amenaza con violencia por los pandilleros.
El presente artículo argumenta que las políticas de seguridad cortoplacistas, que buscaron soluciones instantáneas a problemas seguridad complicados y de largo plazo -sea de estilo mano dura o en forma de dialogar con las pandillas y facilitar una tregua- no han logrado mejorar la situación de inseguridad. Además de fortalecer a las pandillas, han provocado una severa restricción de las oportunidades de desarrollo (social, educativo, laboral etc.) de los jóvenes comunes. En el resto del presente se esboza primero las políticas de seguridad de los últimos años, después se indaga brevemente la influencia de esas políticas sobre las pandillas, seguido por un acercamiento a cómo la situación de los jóvenes comunes se ve cada vez más afectado por ello.
Por ser principalmente un problema que afectaba los barrios populares (Smutt & Miranda, 1998, p. 20), durante los noventa el fenómeno de las pandillas fue en gran parte ignorado por las autoridades y los políticos. Era la policía la que reaccionaba frente a la violencia provocada por las pandillas, generalmente tratándola como incidentes trágicos pero aislados. No existía una política de seguridad para enfrentar el creciente fenómeno de las pandillas transnacionales, hasta que el 23 de julio de 2003, Presidente Flores lanzó el Plan Mano Dura y envió a la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas a enfrentar las pandillas. Además, presentó un proyecto de ley que penaba especialmente la pertenencia a una pandilla -la Ley Antimaras- a la Asamblea Nacional que fue aprobado (Wolf, 2011; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho [FESPAD], 2004). Las políticas anti-pandillas también jugaron un papel importante en la campaña presidencial de ARENA, cuyo candidato Antonio Saca prometió un abordaje más represivo bajo el nombre de Plan Súper Mano Dura. Su gobierno diseñó una ley muy parecida, también dirigida especialmente a las pandillas callejeras. (3)
Las políticas de seguridad consistían principalmente en que la policía, con apoyo de las fuerzas armadas, hicieran redadas en los barrios populares con presencia de pandillas, buscando jóvenes vestidos con estilo pandilleril, con tatuajes o reunidos en pequeños grupos. De esa manera, realizaban capturas masivas de jóvenes que generaban la sospecha de ser pandilleros. La idea atrás de las detenciones fue, como anunció públicamente el sub-director de la PNC comisionado Pedro González, cazar los líderes de las pandillas “para que sus miembros busquen otras cosas que hacer” (Gutiérrez, 2003). Las medidas fueron aplaudidas por la población en general y generaban la esperanza que podían disminuir la violencia e inseguridad atribuidas a las pandillas. (4)
No obstante, por la falta de evidencias claras la mayoría de los detenidos fueron liberados relativamente rápido. Algunos jueces no querían aplicar las leyes anti-maras porque las consideraban inconstitucionales (Cruz, Grimaldi, & Ramos, 2004), pero tampoco la fiscalía aceptaba detenciones que parecían más bien arbitrarias (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho [FESPAD], 2005). Tanto los jueces como la Fiscalía General de la República (FGR) fueron criticados por diferentes sectores políticos y la población en general por no aceptar las bases legales de muchas detenciones y liberar a los arrestados:
Nos están presentando ya bastantes casos de asociaciones ilícitas con lo de la ley de las maras y solo la semana pasada nos remitieron 7 u 8 casos de asociaciones ilícitas, y ¿en qué consisten la asociaciones ilícitas?, los agentes patrullando, la gente les decía que eran unos sujetos sospechosos o que molestaban a la gente, transeúntes, los registran [los policías] les ven un aspecto de mara, no les encuentran nada, los detienen por asociaciones ilícitas, no se puede establecer ningún delito, la Fiscalía queda mal porque la policía eficientemente hizo una captura de sujetos de mara y la Fiscalía de manera negligente los deja libres, piensa la gente. (Amaya Cobár & Feusier Alaya, 2005, p. 67)
Aunque los planes Mano Dura y Súper Mano Dura fueron desapareciendo del discurso político de seguridad, durante esa década no hubo mayores cambios en las políticas de seguridad. Las pandillas permanecieron en la mirada pública como las principales causas de la violencia y delincuencia, mientras la policía -con el apoyo de las Fuerzas Armadas- seguía intentando combatirlas y controlarlas con medidas represivas. En los momentos en que la sensación de inseguridad aumentaba y los medios de comunicación cuestionaban enérgicamente el desempeño del gobierno, se solía recurrir a medidas extraordinarias con un aspecto mediático importante (Van der Borg & Savenije, in press). Después de un tiempo sin embargo, cuando la atención mediática disminuía, la intensidad de las mismas se diluía (Wolf, 2008, p. 90). Las políticas de seguridad, entonces, solían tener un aspecto simbólico importante. Aunque no lograban disminuir los índices de violencia y controlar el fenómeno de las pandillas, comunicaban a la población que el gobierno estaba en control de la situación (Van der Borg & Savenije, in press).
En junio 2009, cuando el Presidente Funes formó un nuevo gobierno, respaldado por una coalición que incluía al FMLN (5)-la antigua guerrilla cual a partir de los acuerdos de paz en 1992 se convirtió en un partido político y desde entonces ha formado parte de la oposición- se pretendía dar un nuevo giro a los temas de pandillas e inseguridad. El nuevo gobierno no quería considerar a las pandillas solo como un problema de seguridad, también las veía como un problema con raíces socio-estructurales y ambicionaba iniciar un abordaje menos mediático y más dirigido a la prevención. Además, amplió su agenda de seguridad incluyendo también al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. No obstante, la formulación e implementación de una nueva política se demoró. No solo había falta de experiencia en el tema de prevención, también había problemas de coordinación entre las diferentes instituciones estatales; además, con el pasar del tiempo las pandillas se habían desarrollado en actores más fuertes y difíciles de enfrentar (Van der Borg & Savenije, in press). No obstante las intenciones de tener políticas diferentes, la situación de inseguridad en el país empeoró y pronto el gobierno se vio obligado a aumentar la cantidad de militares apoyando a la PNC, prolongar y ampliar el periodo de su mandato (Amaya Cóbar, 2012). Incluso, el presidente promovió nuevamente una ley dirigida específicamente contra las pandillas. (6)
Por su parte, los medios de comunicación seguían presionado al gobierno de Funes con constantes reportajes sobre los homicidios e incidentes violentos. El 10 de noviembre de 2011 el periódico Diario de Hoy publicó en primera plana el título ‘Inseguridad empeora en esta gestión’; basándose en los resultados de una encuesta de opinión pública afirmó que el 82% de la población consideraba que la criminalidad en el país había aumentado desde que inició el gobierno de Presidente Funes y que el 61% consideraba que en el último año las pandillas se habían fortalecido (Velásquez, 2011). Como resultado de las presiones y resultados insuficientes, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Manuel Melgar renunció y fue reemplazado en noviembre 2011 por el general en retiro David Munguía Payés, quien anunció una guerra contra el crimen y prometió reducir la delincuencia con 30% en un año (Castillo, 2011).
El nuevo ministro basó su política en un análisis de la situación de inseguridad diferente al de sus antecesores. Por un lado, responsabilizó a las pandillas de un porcentaje mayor de la violencia que ocurría en el país, es decir, estaba convencido que las pandillas eran las responsables de 90% de los homicidios.7 Pero por otro lado, consideró que era imposible resolver el problema de las pandillas enfrentándolas en las calles basándose en políticas estilo mano dura. Decidió tomar en serio la estructura y el poder de las pandillas trasnacionales y se dirigió a los antiguos líderes de las pandillas que estaban encarcelados. Intentando evitar la impresión que el gobierno estaba negociando con las pandillas, encargó iniciar un diálogo secreto con los líderes a Raul Mijango (ex guerrillero y su hombre de confianza) y al obispo castrense Monseñor Colindres (Martínez & Sanz, 2012).
Los antiguos líderes que estaban separados y aislados en la cárcel de Zacatecoluca, que tenía los niveles de seguridad más altos en el país, aceptaron bajar los números de homicidios por medio de una tregua o más bien, un cese de fuego entre las dos principales pandillas. Un gesto de confianza importante por parte del gobierno para facilitar la tregua, fue trasladar 30 líderes de Zacatecoluca a varios otros centros con niveles de seguridad menores dónde estaban encarcelados los demás pandilleros. Eso no solo les dio la posibilidad de interactuar con las bases, sino también convencerlas de imponer en conjunto la tregua en los barrios (Martínez & Sanz, 2012). En pocos días, la cantidad de homicidios disminuyó de alrededor de 14 a casi 4 por día (Marroquín, 2012a). Los antiguos líderes no solo demostraron que efectivamente podían retomar el control, pero también que las pandillas eran responsables de una gran parte de los homicidios. En el año 2012, pero también en 2013, El Salvador contó con una disminución significativa de muertos violentos.
Las políticas de seguridad no solo desbarataron las pandillas transnacionales con la intención de disminuir su actuar delictivo, también las influenciaron de otras maneras. Las acciones de la PNC y las Fuerzas Armadas en el marco de Plan Mano Dura generaron en primera instancia desorientación en las pandillas, pero a más largo plazo las reforzaron. En vez de disolverse, se reorganizaron en estructuras jerárquicamente y geográficamente más integradas. Las clikas locales que antes eran relativamente poco conectadas, terminaron por formar parte de una red más estrechamente coordinada. No solo las clikas se organizaron en diferentes fracciones: ‘programas’ (MS) o ‘canchas’ (18st), formando estructuras regionalizadas, sino también surgieron coordinaciones a nivel nacional (‘ranfla nacional’).
Aunque muchos detenidos en el marco de los planes (Súper) Mano Dura fueron liberados rápido, entre ellos también había pandilleros que tenían casos legales pendientes y fueron encarcelados. Esa concentración de pandilleros en las cárceles, especialmente de los líderes locales, provocó un cambio en la dinámica de control dentro de las pandillas. Cuando los pandilleros de diferentes partes del país se encontraron, empezaron a reformar la estructura de las pandillas. Las cárceles se volvieron intersecciones centrales en las redes de ambas pandillas y muchas de las actividades fueron controladas desde allí (Aguilar, 2007; Cruz J. M., 2011; Savenije, 2009). El respeto y solidaridad siempre entre pandilleros han sido valores y obligaciones dominantes, no solo en las calles y en la rivalidad con la pandilla enemiga; también en la relación con los compañeros en prisión. Cuando se trata de líderes que forman parte de estructuras pandilleriles regionalizadas, no obedecer las demandas y los órdenes puede llevar a que sean asesinados por compañeros de la misma pandilla (Savenije & Van der Borgh, 2014). (8)
La necesidad de apoyar financieramente a los presos y sus familias, empujó a los pandilleros en los barrios a buscar fuentes que les generaran más recursos. Al inicio recurrieron más y más a extorsionar tiendas y pequeños negocios ubicados en las zonas que consideraban su territorio, pero con el tiempo profesionalizaron su involucramiento en actividades criminales (Savenije, 2009). Las pandillas se especializaron en la extorsión a gran escala del transporte público pero también de empresas más grandes; además, el narcotráfico se volvió más importante. Las pandillas generalmente controlaban el narcomenudeo en sus barrios, algunas clikas o programas/canchas, sin embargo, se involucraron más profundamente en el tráfico de drogas (Dudley, 2010, mayo). La creciente dependencia de las actividades ilícitas también generó tensiones dentro de las pandillas. Si bien el encarcelamiento masivo provocó el surgimiento de estructuras jerárquicamente y geográficamente más integradas, la competencia por los mercados ilegales y recursos financieros que esos proveían, provocó que las diferentes clikas, programas o canchas se desunieran y se concentraran en su propio negocio (Savenije & Van der Borgh, 2014).
Más que solo unificar las pandillas frente a un reto común, la tregua generó nuevas presiones. Los antiguos líderes que estaban separados habían perdido gran parte de su liderazgo a una nueva generación de pandilleros. Cuando salieron del aislamiento proyectaron la idea de unidad y el interés de la pandilla como conjunto, mientras la generación nueva de líderes parecía más enfocada en los intereses particulares (poder, recursos económicos, etc.) de las estructuras locales o regionalizadas. En el proceso de retomar el poder y apartar a la generación actual, los antiguos líderes definieron la tregua de interés general de ambas pandillas, como para la sociedad salvadoreña. (9) De tal manera la tregua representaba un ganar – ganar, tanto para el gobierno (disminución de los homicidios), como para los líderes antiguos, quienes obtuvieron de nuevo el liderazgo dentro de las pandillas (Van der Borg & Savenije, in press). En el camino aumentó la importancia de los centros penales en la estructura de poder que unifica a las pandillas y se reforzó aún más el control que los líderes encarcelados imponían sobre los barrios populares.
La tregua prevalece como cese de fuego entre las pandillas, pero como proceso de pacificación no tiene mucha presencia en los barrios populares. La disminución de los homicidios no se tradujo en mayor seguridad para los residentes. La gente suele expresar que “como población nosotros no tenemos tregua”. (10) Incluso en varios lugares parece que el control local de las pandillas ha aumentado. En barrios donde al inicio de la tregua los grafitis desaparecieron, reaparecieron más adelante grandes murales alusivos a las pandillas, a veces acompañados por mensajes aterradores, como ‘Ver, oír y callar’. A pesar de que la tregua ha cumplido dos años, esos murales dejan claro que ni su presencia ni su control sobre los barrios que ellos consideran su territorio han disminuido. O como un habitante lo expresa: “Ahora le han dado más poder a la pandilla. Ellos mandan de adentro [de la cárcel] para afuera”. (11)
Para los jóvenes comunes la situación es complicada porque se encuentran frente a un grupo poderoso en su comunidad. Ese no solamente está interesado en engancharlos para reclutar nuevos miembros, sino también quiere controlar la vida de los que no quieren involucrarse. Los jóvenes tienen que mantener un balance delicado entre ser amables con los pandilleros y no acercarse demasiado, por el riesgo que se interesen en ellos como potenciales miembros. No pueden “hablarles mucho ni tampoco dejarles de hablar, porque eso es buscar problemas”. (12) Generar la impresión que están ignorando a los pandilleros puede poner al joven en riesgo de volverse víctima de ellos, porque pueden interpretarlo como falta respeto y por tanto, como ofensa seria.
Sus movimientos no solo se ve afectado por los pandilleros de su barrio, en general la regla es que no pueden entrar a zonas que son controladas por la pandilla contraria a la que está en el suyo. Tampoco pueden entrar al barrio jóvenes que viven aquellas zonas. Un joven que incumple estas reglas puede recibir una fuerte amenaza, una golpiza o, incluso, pueden matarlo. La regla es válida tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, las mujeres pueden cruzar las diferentes zonas con mayor flexibilidad, aunque el riesgo siempre permanece. “Él [un compañero del estudio] no puede bajar en mi colonia, porque no sale vivo de allí. Por eso yo tengo que subir a la colonia de él. Son pandillas distintas y él tiene prohibido la entrada. […] A veces yo voy con miedito también porque imagínese me ve alguien de mi colonia. Más ahorita que está súper invadida. Me da un poquito de miedo…, también [tengo miedo] a la contraria”. (13)
Cumplir las reglas, sin embargo, genera fuertes restricciones sobre la movilidad y sociabilidad de los jóvenes. Significa muchas veces que no pueden circular en buses del transporte público que pasan por zonas controladas por la pandilla contraria. Tampoco pueden visitar amigos, compañeros del colegio o incluso novios que viven allí. Además, se vuelve riesgoso estudiar en un colegio que está ubicado en esas zonas o, incluso, tener un trabajo allí. Solo tener que utilizar el transporte público para llegar al colegio o trabajo, aunque que esté ubicado en una zona correspondiente o neutral, puede generar riesgos para los jóvenes. A veces los pandilleros que contralan la ruta pueden decidir que solo por vivir en un barrio contrario, no pueden utilizar la ruta.
Frente al riesgo de violencia que representan las pandillas muchos jóvenes evitan transitar espacios públicos. Para evitar cualquier contacto con la pandilla, muchos pasan el tiempo libre en su casa. No es únicamente una decisión de los jóvenes de quedarse en un lugar donde se sienten más seguros, también los padres muchas veces no permiten que sus hijos salgan a la calle sin un objetivo claro. “[Mis hijos,] los tengo en la casa. […] Solo en la escuela tienen la oportunidad para jugar con los amigos, porque yo no los dejo que salgan a andar de casa en casa. No me gusta”. (14) Otros, sin embargo, buscan soluciones más drásticas e intentan salir de la inseguridad en sus barrios emigrando a los Estados Unidos. En los últimos 3 años, han llegado a los EE.UU. muchos niños y jóvenes que por razones de la inseguridad en sus lugares de origen llegaron -sin acompañamiento de adultos- de manera ilegal al país (Villiers Negroponte, 2014; Departamento 15, 2014).
Las políticas de seguridad cortoplacistas, que buscaron soluciones instantáneas y sencillas a los problemas inseguridad que tienen trayectorias largas y raíces sociales profundas, complicaron aún más el fenómeno de las pandillas trasnacionales y la situación de inseguridad. Tanto las políticas meramente represivas estilo mano dura como dialogar con las pandillas para facilitar una tregua, no han logrado mejorar la situación de inseguridad. Además de transformar y fortalecer las pandillas, han generado severas restricciones sobre la movilidad, sociabilidad y las oportunidades de desarrollo (social, educativo, laboral etc.) de los jóvenes no pandilleros en los barrios populares.
No hay soluciones fáciles frente al fenómeno de las pandillas en El Salvador. Políticas públicas coherentes de largo plazo dirigidas a la prevención social, la convivencia en los barrios populares y rehabilitación y que las combinen con estrategias de seguridad pública son cruciales. Un diálogo con las pandillas sobre cómo crear nuevas oportunidades para ellos y sus familias debe ser parte del proceso, pero también el compromiso de eliminar las amenazas y fuertes restricciones sobre la vida de los jóvenes comunes (y los demás residentes). Los esfuerzos dirigidos a mejorar la convivencia en los barrios y generar oportunidades para sus habitantes (pandilleros y no pandilleros) requieren también de un respaldo de estrategias de seguridad que confronten a los pandilleros que decidan continuar con actividades violentas e ilícitas.
(1) Delincuencia, violencia y pandillas no son temas independientes. Para mucha gente en El Salvador las pandillas representan un problema de violencia y delincuencia; además, la violencia y delincuencia a su vez son considerados problemas relacionados a las pandillas. La encuesta de 1999 ensambló delincuencia, violencia y pandillas como un solo tema, mientras la encuesta de 2003 separó los tres temas. En 2006, no se preguntó por la violencia. Para mayor claridad, en el presente se juntaron los tres temas para enfatizar la continuidad de la preocupación de la población salvadoreña con el tema de (in)seguridad.
(2) Ver comunicados de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 del 19 de marzo y el 9 de mayo 2012.
(3) La Ley Antimaras fue declarada inconstitucional el 1º de abril 2004, el mismo día que la Asamblea Nacional aprobó la nueva ley contra las pandillas. Esa segunda ley tenía una vigencia de un periodo medio año.
(4) Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, realizada en octubre de 2003 (4 meses después del inicio del Plan Mano Dura) encontró que el 72,5% de los encuestados aprobaba fuertemente el Plan mano dura y el 52,9% pensaba que el mismo reduciría ampliamente la violencia de las pandillas (Instituto de Opinión Pública [IUDOP], 2003).
(5) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(6) Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada el 1º de septiembre 2010.
(7) Munguía Payes descartó el análisis de los académicos y ONG de izquierda sobre los homicidios cometidos por las pandillas. En vez del 25% a 30% planteado, mantuvo que las pandillas eran responsables del 90% de los homicidios (Castillo, 2011).
(8) Ver por ejemplo “Matan a dos supuestos cabecillas de la mara MS” (Marroquín, 2012b).
(9) Ver los comunicados de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 del 19 de marzo y el 9 de mayo 2012. Accesibles en http://cronicasguanacas.blogspot.com/
(10) Entrevista, el 29 de mayo de 2013, Ilopango (Área Metropolitana de San Salvador).
(11) Entrevista, el 28 de junio de 2013, Cuscatancingo (Área Metropolitana de San Salvador).
(12) Entrevista, el 11 de junio 2012. San Marcos (Área Metropolitana de San Salvador).
(13) Entrevista grupal, el 13 de noviembre de 2013, Soyapango (Área Metropolitana de San Salvador).
(14) Entrevista, el 5 de junio, 2012. Tonacatepeque (Área Metropolitana de San Salvador).
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Recibido: 21 de marzo de 2014
Aceptado: 22 de mayo de 2014
Publicado: 11 de septiembre de 2014
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