NOTAS DE INVESTIGACION/ RESEARCH NOTES
Paul C. Hathazy
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
paulhathazy@gmail.com
Cita sugerida: Hathazy, P. (2014). De la “seguridad ciudadana” a la “seguridad pública” en democracia: Juristas, políticos y policías en la construcción de las políticas de seguridad en Córdoba. Cuestiones de Sociología, nº 10, 2014. Recuperado de: http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a13
Resumen
Se
analizan aquí a partir de fuentes documentales las políticas
de seguridad en Córdoba siguiendo la conformación y
transformación de la categoría de intervención
pública “seguridad”, su institucionalización
en el estado y los cambios en componentes, orientaciones y medidas en
las dos últimas décadas.Se presta especial atención
a la mutación desde la categoría
seguridad ciudadana—desarrollada durante los noventa con la
impronta de juristas y criminólogos—por la de seguridad
pública, emergente en la última década, en un
contexto de criminalidad estable y de inseguridad creciente. El
cambio semántico refleja el recambio en el partido de gobierno
y el ascenso de actores policiales en la definición de
programas y medidas que han proyectado su poder perfilando el
ministerio de seguridad, enfatizando el componente policial y
represivo, y subordinando componentes comunitarios y de
planificación. Se concluye con una breve referencia a los
efectos de esa mutación institucional en la conformación
del particular sentimiento de inseguridad y los regímenes de
ciudadanía.
Palabras Claves: Políticas de Seguridad, Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, Sentimiento de Inseguridad, Regímenes de Ciudadanía
Desde el retorno de la democracia en 1983, la seguridad como “categoría de intervención pública” (Dubois 2008)—englobando categorías, órganos y modos de intervención públicos específicos—se ha institucionalizado en el estado a la vez que ha sido sometida a redefinicionesen las categorías y en lo institucional. En esta sección reconstruyo el contexto de criminalidad e inseguridad desde fines de 1990 y los primeros desarrollos institucionales progresivamente englobados como política de seguridad. En la próxima describo las mutaciones desde aquellos desarrollos de corte judicial-liberal y criminológico hacia la deriva policialista y punitiva que caracterizan la política de seguridad contemporánea en la provincia.
La provincia de Córdoba es la segunda en población de Argentina(3,304,000), y su capital, la segunda mayor ciudad del país con 1,330,000 habitantes. La provincia ha mutado en las últimas tres décadas desde un desarrollo de base industrial a una economía agro-exportadora y de servicios. En esta modificada economía ha aumentado la desocupación y la precarización, afectando más intensamente a los menos educados y residentes de sectores periféricos de la capital (Closa 201a, 2010b).
En la provincia, la tasa de delitos contra la propiedad (calculada sobre 100.000 habitantes) (1) se ha mantenido constantedesde fines de la década de 1980 (2685 en 1987 y 2600 en 2008), mientras que aumentaron las de delitos contra la personas(403 en 1987 y 1065 en 2008). La tasa de homicidios se mantiene estable tras incrementarse durante la década de 1990 (4.7 en 1990, 6.7 en 1996 y 4 en 2013). En la capital, la situación difiere en los delitos contra la propiedad registrados, que se han duplicado entre 1990 (2217) y 2002 (4541) y es similar la curva en los delitos contra las personas que también aumentaron (25% entre 2000 y 2008). Las encuestas de victimización en la ciudad de Córdoba, coinciden con los datos oficiales en registrar la leve baja de delitos contra la propiedad desde 2001 (para robo: 9.1% de entrevistados en 1999 y 7% en 2007)y un aumento en la victimización por lesiones (2.1 % en 1999 y 3.4. en 2007). Esta curva general en la criminalidad, levemente ascendente con pico en 2000-2001, coincide con la evolución de las mediciones del sentimiento de inseguridad durante la década de 1990. Estas presentan, sin embargo, una curva ascendente un tanto más abrupta, tanto en la dimensión general, como las dimensiones puntuales distinguidas por Kessler (2009:94-95) de “preocupación pública” (45% en 1993 y 92% en 2001), de “percepción de ser víctima de delito” (30% en 1993, 77% en 2001 y 85% en 2013) y en tanto “temor difuso”(29% en 1993, 64% en 2001 y 73% en 2013). Así mientras la victimización real ha disminuido en la última década la expectativa de victimización y el temor al delito mantienen la tendencia ascendente desde los 90.Es destacable, a su vez, lo temprano que aparece como preocupación política, comparado con el escenario nacional (Kessler 2010). Ya en 1990 una encuesta registra un 45% de respuestas que menciona el castigo del delito como el mayor problemasocial, estando por sobre el “problema de resolver la crisis económica”, referido como principal problema solo por un 39.9%(Bergoglio et al. 1993).
Lacreciente criminalidad de fines de la década de 1980, y su prioridadentre las preocupaciones de los ciudadanos son enfocados inicialmente por el gobierno democrático Eduardo Angeloz (1983-1995), de la Unión Cívica Radical (UCR), como problemas de “control del delito” conectados directamente con la cuestión social. Aquí, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones (Kessler,2009:77-80)se enfatizan los efectos de desapego a la ley y desorden que produce la crisis social.Trasun primer respuesta policial con un “plan general de prevención y seguridad” que incrementó la vigilancia, incluyendo grupos anti-saqueos y creó destacamentos en barrios marginales (Gobierno de Córdoba 1990:18), pronto el“problema de la seguridad” englobará “la mejora del tratamiento penitenciario, …programas que atañen a la víctima del delito, diseño de bancos de datos y mapa del delito, un organismo criminológico, …actualización local con trabajo municipal, y modernización del sistema penal.”(Gobierno de Córdoba 1991:4). Esta política penal fuéefectivamente acompañada de una política social de amplia cobertura en educación, salud, y ayuda de alimentación y escolaridad de sectores con menos recursos (Closa 2010a:464-466).
Este visión penal – judicial reflejaba el re-ingreso de criminólogos y juristas liberales al estado tras el retorno de la democracia (Marco del Pont 1999) que crearon la “Dirección de Política Criminológica” en 1986—encargadade relevar datos “del sistema prevencional, jurídico penal, penitenciario” (Gobierno de Córdoba 1991) para realizar mapas del delito, investigaciones, y aconsejar—y el Centro de Asistencia a la Víctima del delito, auxiliando jurídica y psicológicamente a víctimas de delitos (Ley 7379).
A partir de la crisis económica del estado provincial a mediados de 1990 y la asunción de RamónMestre como gobernador (1995-1999), también de la UCR, se escinde la política social—que pasa a ser subsidiaria y asistencialista (Carrizo 2000)—dela política de seguridad ciudadana, y la política de seguridad se consolida bajo la noción de “seguridad ciudadana” con el doble sentido de control policial y judicial del delito pero promoviendo la protección de los derechos ciudadanos por parte del estado (Gobierno de Córdoba 1999). Así, por un lado se reforma el código procesal penal hacia uno acusatorio (1991), se crea el Ministerio Público Fiscal (1989) y una Policía Judicial (1996) (Ley 8529), y en 1994 se legisla un Código de Faltasque preserva las facultades de arresto y juzgamiento de la policía administrativa.En paralelo con los desarrollos judiciales, se creaen abril de 1993, la Secretaria de Seguridad en el Ministerio de Gobierno. Esta engloba a la Policía de Córdoba, el Servicio Penitenciario, la Dirección de Política Criminológica, y el Centro de Asistencia a la Víctima. La Secretaria reforma la educación policial, y se le otorga un mayor rol y poder preventivo.
Hacia el final de la década de 1990, la política de “seguridad ciudadana” se estructura en una policía sometida a una reforma educativay más poderosa, una judicatura penal más acusatoria y un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación (ver Gobierno de Córdoba, 1999:9-27). En el camino quedó la Dirección de Política Criminológica, desmantelada en 1996, siendo la información sobre delitos y medidas de prevención monopolizado por la policía desde entonces (Marco del Pont, 1999).
El cambio en el partido de gobierno en 1999, desde la UCR a la alianza al Partido Justicialista con sectores de centro-derecha en Unión por Córdoba, liderada por el gobernador José Manuel De la Sota, consolidóla política de seguridad como área de gobierno, pero con una mutación hacia la categoría“seguridad pública” liderada por actores policiales. Estos actores policiales tienen trayectorias en unidades más militarizadas—Infantería, Grupos de Asalto, reforzados por las políticas preventivas y de inteligencia política del Radicalismo (VerHathazy, 2010)y nexos con especialistas en contrainsurgencia operando durante la dictadura y protegidos por los gobiernos radicales en democracia (ver Saravia 2005).
La alianza UPC-elites policiales intensificó el costado penal y represivo de los desarrollos institucionales de los gobiernos radicales. La nueva política de seguridad se expande desde el control del delito a la tranquilidad pública y el orden urbano,y se traduce administrativamente en aumentarel poder y arbitrariedad policial con una orientación militarizada, incrementarla productividad judicial, aumentar el encarcelamiento reducido a custodia, abandonarel énfasis en la protección de derechos, y limitar la participación ciudadana.
Según el relator del proyecto de “Ley de seguridad pública”, aprobada en 2005 (Ley 9235) la “seguridad pública”combina prevenir y castigar el delito y “acciones que apuntan a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho, falta o comportamiento, violento o no, que actúe, limite o cercene la paz social y la libertad personal o vulnere la situación de seguridad de las personas” (Semle 2007:94). La ley crea un “sistema de seguridad pública”conformado principalmente por la policía administrativa y el servicio penitenciario, y complementado por “defensa civil, Juntas de Participación Ciudadana, Dirección de Tránsito, Seguridad Náutica y la agencia de control de la seguridad privada.” (art. 5) a cargo del“Ministerio de Seguridad”. También ordena diseñar un plan estratégico de seguridad y un programa comunitario.
A pesar de la institucionalización legislativa, el Ministerio de Seguridadpresenta una asombrosa discontinuidad orgánica; escreado durante el segundo mandato de De la Sota (2003-2007), integrado al Ministerio de Gobierno entre 2007 y 2011 y vuelto a separar en 2011 hasta 2013, donde se vuelve a integrar con el de Gobierno. Esta discontinuidad contrasta con la permanente centralidad de la agencia policial y los agentes policiales en marcar el eje de la política de seguridad.Jorge Rodríguez, Jefe de Policía entre 2001 y 2005, fué secretario de Seguridad en 2005 y Alejo Paredes, Jefe de Policíaentre 2007 y 2011, fue Ministro de Seguridad entre 2011 y 2013.
La política policial se centra en la ocupación territorial, el uso intensivo de facultades de detención y juzgamiento de faltas y el control del delito organizado como el secuestro extorsivo al comienzo de la década y luego el tráfico de drogas y de personas. La policía casi duplica su personal (11,456 en 2000 y20,200 agentes en 2011 [Dammert 2001; Plaza Schaefery Morales 2013]) y modifica sus estructura y acción. En lo corporativo se reviven las tradiciones policiales filo-castrenses (Hathazy, 2012), en lo operativo se generaliza el patrullaje de orientación militarizada, en particular el llamado Comando de Acción Preventiva desde 2003 (Hathazy, 2006, 2014a).(2) En conjunción se intensifica el recurso a detenciones y arrestos por infracciones al Código de Faltas, tanto en la capital como en los departamentos del interior. Los detenidos por contravenciones en la ciudad de Córdoba aumentaron de 18771 en 1998, a 44272 en 2001, 27015 en 2009, 37000 en 2010 y 42700 en 2011 (Poder Ejecutivo Provincial 1998, 2002 y Bolatti, FrontaliniRekers et al. 2012). Los prácticas de detención discriminan claramente por clase social, edad y lugar de residencia (Hathazy 2014b)El incremento es tal que para albergar a los detenidos por faltas se reabre la ex-carcel de encausados penales como Alcaidía de Detención de Contraventores.
En paralelo con el interés por el delito común y las faltas, la policía ha desarrollado órganos especializados en delitos complejos, secuestros y direcciones anti-narcóticos. Mientras los secuestros fueron controlados, el esfuerzo anti-narcóticos derivó en corrupción e ineficacia.Tras el escándalo periodístico y la crisis políticapor investigaciones judiciales por corrupción en 2013 (3), el gobierno creó una Fuerza Policial Anti narcotráfico (Ley 10.200 de 2014), dependiente del Ministerio Público.
Por su parte, la hegemonía policial ha hecho que el único “Plan Estratégico de Seguridad” desde 2005 haya consistido solo en el anuncio de la creación de una sección policial “Córdoba contra el delito” (B.O. 24/7/2007). De igual modos, la misma policía ha desplazado al Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, creado en 1999 y encargado de coordinar participación comunitaria (Dammert 2001) y desde la Dirección de Participación Comunitaria policial este se limitó a extender un programa de alarmas comunitarias de aviso policial por los vecinos. Estas crecieron de 1000 alarmas en 2000 (Memoria Policías de la Provincia 2001) a 2500 en 2013 (Gobierno de Córdoba 2013).
El sector penitenciario preserva en el discurso la lógica de rehabilitación, pero como parte del sistema de seguridad ha sido expandido y orientado hacia la mera custodia. Se han construido cárceles de máxima y mediana seguridad (en Bower, situado en las afueras de Córdoba y en Cruz del Eje) y cerrado cárceles de mínima seguridad para albergar una población penitenciaria que casi se duplica en la última década y media. Mientras en 1987 la tasa era de 1736, esta se duplicó hacia 1999 (3521), salto a 4900 en 2002 y llegó a 6300 en 2012 (SNEEP y Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba).
Finalmente, la consolidación de la política de seguridad en el estado provincial y en el espacio político, ha llevado a las municipios a crear órganos municipales de seguridad tanto en las principalesciudades del interior (Rio Cuarto, Villa María, San Francisco, Cruz del Eje) como en el Gran Córdoba (La Calera, Villa Allende, Mendiolaza), y destinos turísticos (Carlos Paz, La Cumbre). Estos departamentos de seguridad realizan apoyo a las actividades de patrullajes con móviles y fondos municipales, mejoran alumbrado público y señalización de calles o instalan cámaras de video.
Corresponde destacar que si bien las mutaciones en las categorías, componentes y medidas descriptas reflejan cambios en los agentes protagonistas en el nivel provincial, en cada momento las políticas de seguridad de Córdoba se han visto condicionadas por el sistema político nacional que se ha “re-provincializado” y “profesionalizado” (Cavarozzi 2006:86-90). Mientras los componentes concretos de la políticasparecen derivarse más directamente de las relaciones de poder local, los momentos y formatos de institucionalización estatal (secretarias, ministerios, leyes) deben ser puestas en relación con los desarrollos por el juego político nacional y en particular desarrollos institucionales en el gobierno federal. Por su parte este sistema político nacional y provincial caracterizado por la profesionalización políticaparece favorecer la baja institucionalidad e inversión en seguridad y la constante delegación en manos y visiones policiales de la seguridad (Sain 2008), a fin de tener burócratas policiales dispensables en las sucesivas crisis o escándalos que afectarían carreras políticas.
Para concluir quiero conectar brevemente estos desarrollos institucionales con la cuestión del sentimiento de seguridad y la práctica de la ciudadanía en Córdoba. Las “particularidades del sentimiento de seguridad en Córdoba” descritos por Kessler (2009:235-240) estarían determinados en parte por estos desarrollos institucionales y componentes descritos, en particular por la estrategia policial de ocupación territorial por presencia y la sectorización a partir de vigilancia y arrestos intensivos en ciertas zonas y grupos, en particular de jóvenes. Esta política parecen estar en la base de un sentimiento de inseguridad caracterizado por “una cartografía más precisa” con “narraciones bastante precisas sobre partes de la ciudad que se han dejado de transitar a pie o de noche” (Kessler 2009:238, 236), junto con una “recurrencia de referencias espontáneas al gobierno militar”, que no puede dejar de conectarse con el discurso, simbología y despliegue militarista del “Comando de Acción Preventivo”. Por su parte la “seguridad pública”de eje policíaco que restringe la circulación de jóvenes y sectores desposeídos también se relacionaría directamente con “la idea de joven peligroso”, la desconfianza a trabajadores informales, y por supuesto por el inusual “temor de los sectores populares” al CAP observados por Kessler(2009:237,239).
Finalmente es de destacar que la deriva desde la categoría “seguridad ciudadana” hacia lade “seguridad pública” implica también un cambio desde una ciudadanía (liberal) homogénea a un régimen de ciudadanías restringidas (Svampa 2005) orientada a la protección de la propiedad, bienes y derechosactores que encarnan la“ciudadanía patrimonialista” (Svampa 2005:79), provee de alarmas comunitarias y regula las agencias privadas para los “ciudadanos usuario” (Svampa 2005:74, 79), al mismo tiempo que impactan a colectivos de sectores negativamenteprivilegiadosnegando su ciudadanía por el uso arbitrario de capacidades policiales (Hathazy, 2014b) y el trato vejatorio en las cárceles (Luque y Perano 2014).
Estas “ciudadanías restringidas” y potencialmente confrontadas se revelan no solamente en estrategias de evitación cotidianas y en una exaltada actitud de “sospecha y de la presunción de peligrosidad” de los sectores menos poderosos (Kessler 2009:270),sino también en situaciones extraordinarias, como la huelga policial de diciembre de 2013. Tras el acuartelamiento policial, los sectores altos permanecieron en su residencias protegidos, pero los sectores medios y medios bajos, construyeron barricadas en sus barrios, muchos en los lugares donde habitualmente están localizados los controles policiales e incluso atacaron a los “sospechosos” motorizados que circulaban en “sus barrios y comercios” (Hathazy2013). La política de seguridadparece haber adquirido así no solo centralidad en la institucionalidad estatal provincial, sino también en la conformación del particular sentimiento de inseguridad y en la práctica de la ciudadanía contemporánea en Córdoba.
(1) Las fuentes para delitos, victimización e inseguridad citados más abajo son :Delitos provincia 1987: Dirección Provincial de Política Criminal (DPPC) en Bergoglio (1993), 1990-2008: Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Delitos Ciudad: 1990 y 1996 DPPC, otros años : DNPC. Victimización: 1990 y 1993: Bergoglio (1993); 1999 y 2000 DNPC; 2007 Isla y Miguez (2010); 2013: Observatorio de Delincuencia y Violencia, Córdoba, en Garborevsky (2014).
(2) Originado en las unidades especiales (Guardia de Infantería y Grupos especiales) que patrullaban en vehículos todo terreno sectores marginales de Córdoba, cercando territorios e intensificando el control sobre sus habitantes, en la década de 2000 este estilo se generaliza al patrullaje de toda la ciudad de Córdoba, centros urbanos del interior y áreas rurales (Hathazy, 2006)
(3) En Septiembre de 2013 un programa de periodismo de investigación denunció la participación de policías en el tráfico de drogas en la provincia. A causa del programa fueron detenidos miembros de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía y renunciaron la Ministra de Seguridad y el Ministro de Gobierno de la Provincia.
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Recibido: 10 de febrero de 2014
Aceptado: 8 de abril de 2014
Publicado: 11 de septiembre de 2014
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