Dosier: Nuevos gobiernos en América Latina:
entre el populismo, el progresismo y lo nacional popular

La re-emergencia del lulismo ¿Hacia una segunda ola nacional y popular en Brasil?

Introducción

“Me quisieron enterrar vivo y aquí estoy”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) en uno de los pasajes de su discurso, luego de conocerse los resultados que lo consagraron ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre 2022. Esa misma frase también podría aplicarse al ciclo nacional-popular que muchos se apresuraron a dar por terminado con el giro neoliberal conservador de 2015-2016. Sin embargo, los cierres de ciertos ciclos políticos no conllevaron a un cierre del ciclo histórico abierto a principios de siglo en América Latina, que significó un cambio de época y expresó en nuestra región la crisis de hegemonía estadounidense-británica y la transición histórico-espacial del sistema mundial.

Al cumplirse dos décadas de su primera asunción como presidente de Brasil, Lula volvió a asumir el 1.. de enero de 2023. A 20 años de aquel primer paso que inauguró un proceso político histórico, resurgen nuevas preguntas en un contexto que se ha visto profundamente modificado. Luego de haber sido proscripto como candidato para las elecciones presidenciales de 2018 y haber estado encarcelado por 580 días, a partir de la sentencia sin pruebas promovida por el juez Sergio Moro –referente de la operación Lava Jato–, el líder metalúrgico inicia su tercer mandato. Dichas condiciones, junto con el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en 2016, posibilitaron el triunfo de Jair Bolsonaro, dando continuidad y legitimidad al programa político implementado con Michel Temer. No obstante, lejos de expresar el inicio de la construcción de una nueva hegemonía neoliberal conservadora que defina un rumbo político estratégico del gigante suramericano, el ascenso de Bolsonaro agudizó la puja entre proyectos políticos estratégicos y la consecuente crisis de hegemonía, en un escenario de declive económico, social y geopolítico de Brasil y de intensas disputas entre los grupos de poder dominantes. Es en dicha situación en la re-emerge el lulismo.

El presente artículo busca contribuir a las reflexiones en torno a las transformaciones ocurridas en las últimas dos décadas en Brasil, a partir de la re-emergencia del lulismo. Para ello, recuperamos investigaciones anteriores y dialogamos con autores que analizan los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Nos preguntamos por los elementos que conectan dicho escenario con el momento actual, y cómo los avances, las contradicciones y los conflictos que por ese entonces decantaron en la destitución de Dilma Rousseff y su reemplazo por Temer, con el consiguiente ascenso de Bolsonaro, se ponen de manifiesto en el presente. Bajo un escenario todavía incierto, en plena transición gubernamental, se busca aportar elementos para abordar la pregunta en torno a qué lulismo re-emerge, y con qué realidades se enfrenta.

El artículo se estructura de la siguiente manera; en primer lugar, presentamos una síntesis analítica de los aspectos fundamentales de gobiernos del PT hasta el año 2016. En segundo lugar, abordamos el proceso de agudización de las tensiones y contradicciones en distintos niveles y las principales características del giro neoliberal-conservador, que condujeron a su reemplazo por Temer y a la generación de condiciones para la emergencia de Bolsonaro. Analizamos el programa implementado desde el golpe de 2014- 2016, que caracterizamos como neoliberalismo periférico. El tercer apartado plantea algunas claves de los cuatro años del gobierno de Bolsonaro y las profundas transformaciones que significó, a la par de la re-emergencia del lulismo. Por último, se presentan, en diálogo con estas reflexiones, algunas perspectivas que nos permiten adentrarnos en el momento particular que transita Brasil y la región, para concluir con algunas ideas claves para pensar el período que se abre a partir del nuevo gobierno. Nos enfocamos particularmente en, a) el escenario regional y global en que se produce su re-emergencia y el rol de Brasil en los últimos años; b) qué articulación político-social expresa, qué esquema de poder ha establecido en la coyuntura y cuáles enfrenta; c) cuáles son sus principales ejes de articulación y, en base a ello, qué programa plantea inicialmente en lo económico, en lo social y en la política exterior (PE), entre otros planos.

El lulismo y los gobiernos del PT (2003-2016)

Consideramos al lulismo como la forma política del ‘giro a la izquierda’, ‘progresista’ o ‘nacional popular’ en Brasil en la etapa caracterizada como un “cambio de época” en la región y en el mundo (Merino y Stoessel, 2019; Merino, 2018). Esta se inicia a comienzos del siglo XXI y sintetiza la crisis del Consenso de Washington y del neoliberalismo como única alternativa política posible. Con la crisis de la hegemonía estadounidense y del orden mundial unipolar y, por otro lado, el desarrollo de mundo relativamente multipolar, surgen poderes emergentes, proyectos políticos y modelos de desarrollo alternativos al dominante. Constituye un giro popular en América Latina, en tanto un conjunto de grupos políticos y sociales que organizan a las clases populares y a sectores subordinados en el campo de poder pasan de un momento de resistencia al neoliberalismo, a ser parte de la construcción de alternativas políticas, con mayor o menor protagonismo y en determinadas correlaciones de fuerzas. Siguiendo a Dussel (2009, 2014), lo popular es la expresión fenomenológica del pueblo, el cual se constituye a partir de la escisión de los grupos subalternos del bloque histórico o bloque hegemónico, en un proceso eminentemente político.¹ El sufijo ismo que se le agrega al nombre propio tiene por función conformar un sustantivo abstracto para nominar un movimiento popular que supone la existencia de un liderazgo carismático, con un carácter transformador del statu quo.²

Lo nacional –que se conjuga con lo latinoamericano– está dado por la búsqueda de mayores grados de autonomía relativa, siendo central la cuestión de la soberanía, elemento que atraviesa a todo país dependiente y, en este caso, semiperiférico, pero que a la vez constituye una potencia media regional. De ahí el componente nacional y las propuestas de una integración regional autónoma resaltando la identidad Latinoamericana o Nuestro Americana. El rechazo a los TLC o al ALCA señalan, por la negativa, esa intención autonomista, así como en términos positivos ello se expresará en la estrategia (ya sea efectiva o infructuosa) para construir un bloque regional a través de fortalecer el MERCOSUR, establecer la UNASUR y la CELAC, o ser parte de la conformación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en tanto nuevo espacio de las potencias emergentes que buscan un orden multipolar.

En este marco, la figura de Lula en tanto líder y fundador del PT y exdirigente gremial del corazón industrial de San Pablo, asumió por primera vez la presidencia el primero de enero de 2003, encabezando una articulación político-social nacional popular neodesarrollista (Merino, 2018). Su vicepresidente fue José Alencar del Partido Liberal, exvicepresidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y reconocido representante gremial de la burguesía industrial interna brasileña (Berringer, 2015). Dicha fórmula daba cuenta de una articulación entre expresiones de la burguesía local y de la clase trabajadora, propia de los proyectos nacional-desarrollistas impulsados por los movimientos nacionales populares de América Latina.

El PT articuló, en tanto instrumento político, y desde los años finales de la dictadura (1985), una confluencia de organizaciones de las clases populares y grupos subordinados en el campo de poder. Su núcleo proviene de los sindicatos obreros de la Conferencia de las Clases Trabajadoras (CONCLAT), de la que luego surge la Central Única de los Trabajadores (CUT). Otro componente son las distintas corrientes de izquierda, con especial influencia en las clases media, así como las organizaciones religiosas de las Comunidades Eclesiásticas de Base, que impregnaron al partido de un humanismo socialcristiano popular. Por último, se encuentra el sector campesino organizado de forma destacada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que mantuvo históricamente una relación oscilante con el PT, pero sin dudas contribuyó en su desarrollo. En línea con su heterogeneidad de origen, el PT presenta una profunda diversidad de tendencias ideológicas que confluyen en torno a un programa político: nacionalismo de izquierda latinoamericano, tradiciones marxistas de las izquierdas clásicas y del socialismo democrático, socialcristianismo popular, socialdemocracia y liberalismo social. En términos de bases sociales fundamentales, el lulismo representó en buena medida dos componentes centrales de las clases populares brasileñas. Por un lado, al proletariado industrial urbano del núcleo económico del país, que en buena medida está organizado sindicalmente. Por otro lado, lo que algunos llaman “sub-proletariado” (Singer, 2012), o también podemos caracterizar como trabajadores pobres, de la economía informal, que predomina especialmente en el nordeste del país y las grandes ciudades.

Durante sus primeros dos períodos de gobierno, el lulismo articuló las demandas de buena parte de la burguesía local brasileña. Es decir, como lo plantea Bresser-Pereira (2013), se asoció a los sectores más “progresistas” de la burguesía local o interna, específicamente los capitales industriales más golpeados durante la etapa neoliberal y por el dominio del capital financiero. El impacto de la política económica neoliberal sobre la burguesía local, cuyas consecuencias negativas se agudizaron con la oleada de crisis iniciada en el sudeste asiático en 1997, generó una mayor atracción a ciertos postulados neodesarrollistas. En este escenario, a partir de fines de los años 90 la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI) y la CNI, comenzaron a cambiar sus posturas, producto de las políticas de desnacionalización y desindustrialización que los golpearon durante los gobiernos de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso (FHC). (Barrenengoa, 2021).

Con el objetivo de liderar un nuevo pacto nacional-desarrollista con la burguesía local, Lula creó un órgano formal en el Estado, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la presidencia, conformado por líderes empresariales, obreros, cuadros estatales y referentes intelectuales. Progresivamente, esta línea fue ganando influencia en el Estado a través de representantes como la propia Dilma Rousseff (Jefa de Gabinete a partir del 21 de junio de 2005) y Luciano Coutinho (presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social –BNDES– desde de mayo de 2007).

Durante los gobiernos del PT, el esquema de poder fue todavía más amplio. De hecho, incluyó la designación como presidente del Banco Central a un exfuncionario del Banco de Boston, Henrique de Campos Meirelles, un cuadro de las redes financieras globales y de ideología neoliberal. Podemos observar que desde 2001 hasta 2008-2010 se establecieron esquemas de poder en los llamados países emergentes donde las fuerzas globalistas liberales mantuvieron alianzas tácticas con las fuerzas nacionales populares. Tenían en común cierto apoyo a una política neokeynesiana de estímulo a la demanda (como solución a los problemas de realización del capital global), una agenda liberal-progresista en cuanto a ciertos derechos civiles y su oposición a las fuerzas neoconservadoras. A partir de 2010, este esquema va a comenzar un proceso de crisis.

En resumen, una heterogeneidad ideológica, pluriclasista y multisectorial ocuparon el gobierno del Estado con el lulismo: cuadros y grupos ligados a la burguesía industrial local, a las redes financieras globales y transnacionales, a la burguesía agraria y grandes terratenientes, como también representantes del movimiento obrero organizado y de movimientos populares como el MST (Ríos Vera, 2018; Berringer, 2015), etc. Esta heterogeneidad también se expresa si analizamos la coalición desde los orígenes políticos e ideológicos de sus miembros. Según Werneck Vianna (2007) ello dio lugar a un gobierno de compromiso, que abrigó fuerzas sociales contradictorias entre sí, un nuevo “Estado Novo”. Lo cual resulta lógico, en tanto que es un gobierno que expresa un Estado en transición, en donde al cambiar la correlación de fuerzas a partir del triunfo del PT en 2002 no se produce un desplazamiento del Estado de los actores dominantes representados anteriormente por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los grupos de poder tradicionales, sino que se incorporan los que antes se encontraban excluidos y se modifican las proporciones de influencia.

Es a partir de 2006 que gana lugar en el Estado la articulación nacional-popular neodesarrollista. Durante los primeros años de gobierno se sostuvieron políticas liberales en cuanto a la macroeconomía, como la política monetaria del tripé macroeconómico³ (Barrenengoa, 2020, 2019). Pero desde 2006 comenzó a influir con más fuerza la corriente neodesarrollista, combinando la búsqueda de desarrollo productivo y crecimiento mediante el estímulo fiscal y monetario; la expansión del comercio a nuevos mercados, el aumento de las inversiones y una mejora significativa de salarios y ganancias. La inyección estatal de recursos y estrategias se destinó también a infraestructura y desarrollo urbano, generando una importante expansión del mercado interno. Las inversiones en la infraestructura del transporte y la energía se multiplicaron en términos de mejoras para las empresas, aumento de demanda agregada y mayor productividad (Barrenengoa, 2019). Con el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el Programa de Desarrollo Productivo (PDP), el desarrollo logró ser inducido desde políticas estatales que se combinaron con el impulso a la integración regional (Bustelo, 2012). El financiamiento desde el Estado y sus instrumentos fue generando un camino ascendente de crecimiento económico que, además de fortalecer la economía brasileña y reducir sus vulnerabilidades externas, generó condiciones óptimas para la internacionalización de sus empresas, a la par del sostenimiento de una PE que colocó a Brasil en un lugar de gran peso a nivel internacional. El país se erigió en un destino relevante para la entrada de capitales extranjeros, lo que incrementó las reservas (Barbosa y Pereira de Souza, 2010, p. 19).

De esta manera, se produjo una importante reducción de la desigualdad de ingreso, creciendo el ingreso del 10 % más pobre un 456 % más que el del 10 % más rico, aunque partiendo de un piso muy bajo (Singer, 2012). Otro dato central es el aumento real del salario mínimo del 70 %, mejorando los ingresos de las capas más empobrecidas de la clase trabajadora, también beneficiarias de transferencias estatales mediante subsidios. Si a esta situación sumamos la disminución progresiva del desempleo, que pasó de 9,8 % en 2000 al 6,7 % en 2014, podemos concluir que el escenario era de fortaleza relativa de la clase trabajadora, que se traducía en una intensificación de las protestas y una profundización de las luchas distributivas (Martins, 2017). Estos números no surgieron meramente de una situación de bonanza producto del ciclo favorable del precio de las materias primas, sino también del hecho de que la articulación nacional-popular neodesarrollista produjo una influencia relativa mayor de la burguesía interna, de los trabajadores formales e informales, y de las amplias mayorías pobres, quienes lograron aumentar su porción en el ingreso nacional, lo que disminuyó la desigualdad educativa, de ingresos, habitacional, etc.

La agudización de las contradicciones y la crisis orgánica

A partir de 2014 se conjugaron varios fenómenos que golpean a los países emergentes, como marco general: 1) el fin del período de altos precios mundiales de las materias primas; 2) los problemas de competitividad de la economía doméstica y de los capitales locales que, a falta de tecnología avanzada y/o escala, quedan retrasados frente a los saltos de productividad de los capitales transnacionales avanzados (y vuelven a evidenciar su dependencia tecnológica); 3) asociado a ello, la continuidad de la extraversión del excedente propia de la dinámica periférica dependiente; y 4) una contraofensiva estratégica de las fuerzas dominantes de EE.UU. y el Norte Global, con sus desarrollos y aliados locales, contra los polos de poder regionales, especialmente en sus espacios fundamentales de su influencia o “patios traseros”, lo cual comienza en 2010-2011 pero se profundiza con el conflicto en Ucrania en 2014, a partir de lo cual se abre una nueva fase de la crisis del orden mundial (Merino, 2016). Disciplinar a los poderes emergentes pasa a ser un objetivo central del establishment occidental.

La ralentización del crecimiento económico y la caída en las exportaciones exacerban las luchas distributivas, que se articulan con las luchas políticas, horadando la articulación político-social gobernante. Buena parte de la gran burguesía industrial brasileña comienza a alejarse de la agenda lulista y su sostén al programa nacional popular neodesarrollista. En su lugar, pasan a apoyar un programa económico y social de ajuste que “discipline” las demandas y la influencia de un movimiento popular fortalecido y disminuya el valor de la fuerza de trabajo con el objetivo de recuperar rentabilidad. Un elemento clave para entender este punto es el cambio a favor de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso durante los gobiernos del PT, pero especialmente a partir de 2011, y la disminución de la tasa de ganancia empresarial (Merino, 2020). De hecho, entre 2011 y 2015, bajo una situación de ralentización del crecimiento, disminuyó la desigualdad de ingresos y cambió favorablemente para los trabajadores la distribución funcional del ingreso. La otra cara de la moneda fue la caída en la tasa de ganancia: entre 2007-2010 y 2011-2014, las tasas de rentabilidad media anual sobre los patrimonios líquidos de las 500 mayores empresas (no bancarias) cayeron de 10,1 % a 5,3 %. Mientras que entre 2011 y 2014, el rendimiento medio real efectivo de los ocupados y el salario mínimo real crecieron 10 % y 12 %, respectivamente (Costa Pinto et al., 2017).

En este sentido, la crisis pone de manifiesto una cuestión fundamental que recorre a los países semiperiféricos y tensiona a las articulaciones nacionales populares; el problema de la “frazada corta”. Mientras la economía de Brasil crecía de forma sostenida, casi todos los grupos y clases sociales podían encontrar respuesta a sus demandas; es decir, la frazada alcanzaba a cobijar a muchos, aunque sea de forma parcial. Sin embargo, cuando esto se modifica, se exacerban las tensiones con sectores del empresariado aliados y, más aún, con los grupos opositores, alimentando reacciones conservadoras.

En paralelo, aumentaron las presiones geopolíticas de Washington, articuladas a un conjunto de fracciones de poder que disputan el Estado en Brasil y que observaban con creciente recelo la política de regionalismo autónomo, liderazgo regional y apuesta a la construcción de un nuevo orden mundial multipolar contrario a la primacía occidental. Vale para esto recordar el Informe sobre Amenazas Globales de los EE.UU. publicado en febrero de 2011, en el que se deja en claro la preocupación respecto del liderazgo de Brasil en cuanto a la promoción de instrumentos regionales como la UNASUR, en detrimento de la OEA.⁴

En 2013 se produce una ruptura entre el gobierno de Rousseff y el de los EE. UU. por las filtraciones de Edward Snowden, exempleado de la CIA, en las cuales se detallan las escuchas de los servicios de inteligencia sobre Rousseff y Petrobras. Las escuchas estaban vinculadas con la Lava Jato y el Petrolao. Según la visión de varios académicos en clave geopolítica (Bandeira, 2016; Metri, 2016; Rocha, 2016), fue la CIA mediante su departamento de Justicia quien brinda las primeras informaciones para avanzar sobre Petrobras, el plan nuclear y el entramado empresarial estratégico de Brasil. De esta manera, se lograba “(i) la apertura de la exploración del pre-sal a las empresas extranjeras; (ii) retrasar/paralizar el proyecto nuclear brasilero; (iii) desestabilizar el compromiso de Brasil a los acuerdos configurados por los BRICS; y (iv) desestabilizar la presencia de las empresas de construcción civil nacional en América Latina e África, abriendo mercados para nuevos jugadores” (Costa Pinto et al., 2017, p. 32). A ello se agrega la pérdida de complejidad industrial y tecnológica de Brasil. Estos puntos fueron conseguidos a partir del golpe parlamentario.

Ahora bien, la cumbre de los BRICS en Fortaleza, realizada el mes de julio de 2014, intentó producir un contrapeso en este escenario. Los cinco países que conforman los BRICS (con la presencia de los socios de UNASUR) profundizaron las alianzas de las fuerzas multipolares, lo que se tradujo, entre otras cuestiones, en la creación de un Nuevo Banco de Desarrollo con 50.000 millones de dólares y de un Acuerdo de Reservas de Contingencias por 100.000 millones de dólares. Ambas propuestas significaban la puesta en marcha de una arquitectura financiera paralela a la imperante (FMI, Banco Mundial), desafiando a las fuerzas dominantes del capitalismo financiero global y el dominio del polo de poder angloestadounidense, en un contexto de agudización de las tensiones mundiales.

Sobre estas contradicciones, a partir de 2015 se puso de manifiesto la incompatibilidad entre el programa del PT y del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Michel Temer, vicepresidente Rousseff, acelerándose las tensiones a nivel interno. Por un lado, las élites políticas tradicionales que son aquellas fuerzas políticas más conservadoras expresadas en el famoso “centrao” y el gran capital concentrado: la burguesía paulista asociada al capital transnacional del Norte Global, crecientemente financiarizada, los agronegocios y la burguesía local industrial golpeada por los escándalos de corrupción que le apuntan especialmente. Por otro lado, las fuerzas de las clases populares, como la CUT y distintas organizaciones políticas y sociales, se expresan dentro del gobierno de forma dominante con posturas oscilantes y cambiantes en cuanto a qué rumbo tomar -en condiciones de desmovilización y debilitamiento. Brasil se encuentra en 2015 en una difícil encrucijada entre profundizar la senda nacional-popular o ceder a las presiones del capital asociado y extranjero y las fuerzas neoliberales conservadoras, lo que también implicaba abandonar las pretensiones de regionalismo autónomo y apuestas geoestratégicas multipolares. Si bien Rousseff gano con un discurso en línea con la primera opción, desde el primer día de su segundo gobierno culminó cediendo ante la segunda opción, perdiendo legitimidad en las bases populares. El elemento catalizador de la crisis fueron los escándalos de corrupción, como parte de las distintas etapas del golpe blando y giro político que culmina con el ascenso de Bolsonaro (Ríos Vera, 2018).

El Lava Jato’ afectó directamente el entramado productivo y tecnológico brasileño, ya que golpeó directamente sobre la política de ‘campeones nacionales’, es decir, de apoyo estatal al desarrollo y a la internacionalización de grandes empresas clave. Ello afectó las cadenas productivas de los segmentos de petróleo y gas, tecnología nuclear, construcción civil e ingeniería, procesamiento de alimentos y carnes, papel y celulosa. Entre las empresas más afectadas estuvo Odebrecht, la empresa de ingeniería que se había convertido en el segundo mayor empleador del Estado brasileño después de Petrobras, y el quinto mayor grupo económico del país con 128.000 empleados y presencia en 25 países, que perdió 53.000 puestos de trabajo y redujo a un tercio su facturación (Barrenengoa, 2019). Con ello se debilitó profudamente una empresa que competía a nivel regional y mundial en los contratos de grandes obras de ingeniería, que construyó el puerto de Mariel en Cuba, desafiando la política estadounidense a la isla, o que era parte de acuerdos con empresas de Rusia y Sudáfrica para la fabricación conjunta de misiles (con las empresas Rosoboronexport y Denel Aviaton). Otra empresa clave fuertemente afectada fue Petrobras, un núcleo estratégico para el desarrollo nacional, fortalecido tras el descubrimiento de enormes yacimientos en 2006 (el Pre-Sal). La modificación del marco regulatorio de los hidrocarburos en 2010 supuso una parcial reestatización de los recursos, perfilándose en relación a la profundización del proyecto nacional de desarrollo, con un aumento de la renta petrolera capturada por el Estado y su inversión en educación, investigación y desarrollo: los fondos destinados aumentaron de 264 millones de reales en 2002 y 617 millones de reales en 2007, a más de 1.000 millones de reales en 2011, de los cuales 96 % provinieron de Petrobras (Romano Schutte, 2013). Por otro lado, el desmantelamiento de la política de financiamiento mediante el BNDES con tasa “subsidiada” a favor de la subordinación a la tasa SELIC y a la deuda pública, también contribuyó a debilitar a la burguesía local industrial, favoreciendo a las fracciones financieras locales y transnacionales.

En este escenario, el programa neoliberal propuesto por Temer, junto con la paralización de buena parte de las inversiones producto del Lava Jato y el Petrolao, fueron elementos que hicieron de una situación de debilidad económica propia de la baja del ciclo de materias primas, la recesión más profunda de la historia de Brasil, luego de una década de importante crecimiento (Ver Gráfico 1). El retroceso económico a partir de 2014 también se dio en otros países exportadores de materias primas y/o llamados emergentes, en un escenario negativo general a nivel mundial.⁵ Sin embargo, la singularidad de Brasil estuvo dada por un plan de ajuste neoliberal periférico, que llevó a profundizar la recesión, acompañado de un drástico realineamiento geoestratégico y el inicio de un proceso de periferialización del gigante suramericano.

Gráfico 1

El programa del gobierno de transición ya se había manifestado antes de la destitución de Rousseff con el documento “Un Puente para el Futuro de Brasil” publicado por el MDB, con apoyo del poder económico dominante a través de sus voceros y de las cámaras empresariales: la FIESP, la Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN), la CNI, la Asociación Brasileña de Máquinas y Equipos (ABIMAQ), la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) y la Sociedad Rural Brasileña (SRB). Y con un papel central de la Red Globo, principal órgano mediático brasileño. Según destaca Vieira (2016), Temer admitió, en un discurso para inversores de EE.UU. en septiembre de 2016, que el “impeachment” solamente ocurrió en la medida en que el gobierno de Rousseff no adoptó el programa de reformas expresado en dicho documento de forma general. La rearticulación político-social que expresaba Temer incluía, además del MDB y las cámaras empresariales mencionadas, al partido político orgánico de los grupos de poder y clases dominantes en Brasil (lo que a veces se define como el establishment), que es el PSDB.⁶ Esa articulación también tuvo un fuerte apoyo de las capas medias y superiores de la pequeña burguesía o clases medias tradicionales. Y un papel central por parte de segmentos del Poder Judicial. La unidad de las principales fracciones del gran capital se produjo por su oposición al aumento del poder material y simbólico de los trabajadores. De esta manera, el golpe se erigió en condición de posibilidad para llevar adelante reformas neoliberales que venían siendo exigidas por sectores del establishment económico y político. El programa de Temer puede caracterizarse como un proyecto de neoliberalismo periférico, donde sobresalieron las siguientes políticas:

1. 1. Congelamiento del gasto público por 20 años.
2. 2. Ley de flexibilización laboral y de tercerizaciones en detrimento de los derechos de los trabajadores. Mediante un decreto para el ámbito rural se recrearon prácticamente condiciones de trabajo esclavo, prohibiendo el libre movimiento de los trabajadores y creando la posibilidad de pago en especie y de servidumbre por endeudamiento.
3. 3. Plan de reforma del sistema previsional (“Previdencia”) que, entre muchas otras cuestiones, incluiría la elevación de la edad mínima y la exigencia de por lo menos 40 años de contribución para obtener la jubilación máxima.
4. 4. Programa de privatizaciones que incluía carreteras, 13 puertos, 14 aeropuertos, 4 hidroeléctricas, 6 distribuidoras de Electrobrás, la casa de la Moneda y los pozos de petróleo más productivos del país en manos de Petrobrás, de lo que se beneficiaron con creces las petroleras Exxon y Shell.
5. 5. Venta de reservas naturales de la Amazonía, junto con su habilitación para la explotación económica.
6. 6. Maniobras conjuntas con las FF.AA. de EE.UU. en territorio brasileño, en la triple frontera con Perú y Colombia, en el marco de importantes acuerdos que se firmaron entre ambos países, a la vez que se suspendieron algunos de los principales desarrollos que se venían realizando en la materia en el marco de los BRICS y a nivel regional.
7. 7. Abandono progresivo de la estrategia de regionalismo autónomo, poniendo en crisis sus instituciones y marcos de alianzas (MERCOSUR, UNASUR, CELAC y BRICS), intentando converger con la Alianza del Pacífico y fortalecer la OEA. Este giro geopolítico se correspondió con la suspensión de Venezuela del MERCOSUR y la pérdida de impulso de la proyección sudamericana. El canciller José Serra, definió como su meta central desarmar la estructura del MERCOSUR para darle al bloque “más eficiencia” y convertirlo en una zona de libre comercio, dejando de lado el “sueño” de una unión aduanera.
8. 8. Disminución de la inversión en I+D, que había aumentado de 1,03 % del PIB en 2001 a 1,28 en 2015 (Banco Mundial), en línea con una importante disminución del presupuesto en Ciencia y tecnología.
9. 9. Fin de la política de campeones nacionales y debilitamiento de la política de promoción industrial del BNDES.

Varios de los puntos mencionados están relacionados con el carácter periférico del programa del golpe, en el sentido de que se aplican medidas en torno a la pérdida de capacidades soberanas en áreas clave. Un ejemplo claro fue el intento por vender una de las “joyas” de la industria brasileña, la compañía aeuronáutica Embraer, a la estadounidense Boeing (cuyos propios problemas impidieron que se concrete la adquisición).

Hacia 2017, el entramado de resistencias a las reformas que el poder financiero local y transnacional y el conjunto de los grupos del bloque dominante consideraban claves fue creciendo con el PT como articulador y con el liderazgo político de Lula. En el otro extremo se ubicaban además de Temer y su partido, el candidato del Partido Social Democrático (PSD) Geraldo Alckmin (favorito del llamado “establishment”) y Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL). De esta manera, se fue profundizando una crisis estructural y orgánica (Martins, 2017) dada la disputa entre proyectos políticos estratégicos que se agudizó sin resolverse durante la transición de Temer. La profunda crisis de representación en el seno del sistema político quedó simbolizada cuando el propio diseñador del golpe contra Dilma, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y referente del MDB de Temer, fue destituido de su banca por estar involucrado en escándalos de corrupción.

La era Bolsonaro

Es en dicho marco de crisis política institucional, y con el principal candidato encarcelado, que una figura como Bolsonaro logra ganar las elecciones. Los resultados electorales de 2018 muestran una fuerte caída de los partidos que expresaban anteriormente a los grupos de poder y clases dominantes, cuya base social fundamental eran las capas medias tradicionales y distintas expresiones de pequeña burguesía, ideológicamente ubicados en la centro-derecha liberal y neoliberal. En este sentido, Alckmin, obtuvo sólo el 4,76 % de los votos, mientras que Meirelles –candidato del MDB, ligado a los grupos financieros locales y globales y exministro de economía de Temer– obtuvo un insignificante 1,2 %. En la Cámara Baja el MDB y el PSDB tuvieron una significativa caída, pasando de 51 y 49 diputados respectivamente, a 33 (MDB) y 34 (PSDB). Por su parte, el PT pasó de 61 a 56 representantes, mientras que el PSL de Bolsonaro subió de 4 a 52, en un total de 513 miembros. Es decir, el bolsonarismo no creció tanto sobre los electores del PT, sino que creció en detrimento del PSDB y el MDB.⁷ Es decir, se observa que un conjunto de grupos sociales, clases y sectores ya no se sienten representados las estructuras políticas tradicionales, particularmente las liberales democráticas en sus distintos matices.

La agudización de la fragmentación del sistema político fue otro de los datos clave de la elección. En la cámara de diputados pasaron de 25 a 30 los partidos con bancas, y en el Senado de 15 a 21, profundizando ampliamente una característica que forma parte del sistema político brasileño, señalada como una de las causas de la corrupción sistémica, ya que toda fuerza política que gana el poder ejecutivo precisa negociar amplios y costosos acuerdos parlamentarios para tener gobernabilidad. Esto le sucedió al PT, que solo llegó a tener aproximadamente una quinta parte de la representación parlamentaria.

En este marco, la figura de Bolsonaro, quien emerge como “outsider” y con un discurso antisistema –a pesar de ser parte del sistema político desde hace casi 30 años–, aparece como elemento extraño que se encuentra por fuera de los marcos de legitimidad vigentes, expresado en lo políticamente “incorrecto”. Sin embargo, se convierte en la figura catalizadora, en tanto abandona su nacionalismo económico y se abraza al programa de neoliberalismo periférico del establishment, bajo una identidad ultraconservadora en términos políticos y culturales, cuyo antiliberalismo y antirepublicanismo atrae a parte de la población bajo formas “neofascistas”. La crisis de la centro-derecha liberal forma parte de las características de la transición histórica, donde rige la inestabilidad, las fluctuaciones bruscas, la creciente polarización, la crisis de acumulación y la ruptura de la institucionalidad. Agudizada con la crisis financiera global de 2008, el estancamiento económico del norte global y de buena parte de la periferia, genera la exacerbación de las luchas competitivas tanto entre capitales de países centrales como al interior de dichos territorios centrales. También acelera las tensiones entre capital y trabajo (este último el gran perdedor desde la ofensiva neoliberal desde los años 70), norte-sur y las luchas entre polos de poder, en un marco de crecientes pujas en el campo ideológico-cultural propias de los períodos de transición histórica y espacial del sistema mundial. En este marco situamos los conflictos en Brasil por sus alineamientos geopolíticos y la tensión entre ser o no un polo de poder, reforzando las disputas entre proyectos político-estratégicos.

El triunfo de Bolsonaro profundizó ese estado de polarización político-social con crecientes muestras de violencia política, presentándose como un nacionalismo difuso desde lo discursivo y, a la vez, de subordinación a EE.UU. Exaltó, en línea con sus “gurúes” –Olavo de Carvalho y Sérgio Augusto de Avellar Coutinho, inspirados en los paleo conservadores estadounidenses de 1980– su reivindicación y pertenencia a la “civilización Occidental”, la cristiandad y los valores tradicionales bajo una versión antiliberal y antiglobalista, en línea con la emergencia de los movimientos de derechas en Europa, EE.UU. y América Latina, entre los que sobresale la figura de Trump y el espacio político The Movement.⁸ Sin embargo, en contraposición a Trump, Bolsonaro defiende un anti-nacionalismo económico ligado a su neoliberalismo periférico, expresado en el ministro de economía Paulo Guedes como su principal figura,⁹ desde donde también hay una adhesión al globalismo económico en nombre del libre mercado. Además, una subordinaciónpolítica estratégica a Washington y la aceptación del lugar de periferia de Occidente, lo cual se contrapone al nacionalismo político. Este desplazamiento de los intereses nacionales se realiza en nombre de una abstracta referencia a Occidente como identidad cultural y el americanismo (Frenkel, 2018), que refiere a una tradición diplomática y una doctrina geopolítica que tiene como principio central lograr una relación privilegiada con EE.UU., en su versión ideológicamente más rígida y de alineamiento con la potencia hegemónica. En términos regionales, implica adoptar el sistema interamericano y abandonar toda institucionalidad que exprese algún nivel de autonomía con Washington y/o alguna estrategia de conformación de un polo de poder regional en América del Sur. En este sentido, Brasil se retiró de la UNASUR en 2019, un proyecto central de su estrategia de liderazgo regional, mientras que en enero del 2020 hizo lo mismo con la CELAC. Tal como lo indican Azzi y Frenkel (2021), la PE bolsonarista no solo significó un “quiebre”, sino que también contribuyó en la profundización del escenario de desintegración y fragmentación regional (Frenkel y Azzi, 2021, p. 170).

La reivindicación de la dictadura de 1964-1985, y sus apoyos en las Fuerzas Armadas y de seguridad, también implicó la idea de recuperar la estrategia “subimperialista”, que consistía en funcionar como polea de transmisión de los intereses dominantes de EE.UU. en el hemisferio occidental –en plena Guerra Fría–, a cambio de un relativo margen de maniobra en cuanto al sostenimiento de cierta política industrial nacional y de defensa.¹⁰

Ahora bien, durante el gobierno de Bolsonaro dicha estrategia coexistió con una contradicción central, entre la dependencia del comercio con China y las crecientes inversiones de esta en Brasil. El problema es que EE.UU., en su situación de crisis de hegemonía, declive relativo y capitalismo financiarizado, no puede volver a “ofrecer” una nueva Alianza para el Progreso, lo cual deriva en un problema de legitimidad estructural. El discurso antichino también mostró contradicciones vinculadas con, por un lado, la narrativa de algunos funcionarios de gobierno; y por otro, las condiciones reales del vínculo entre Brasil y China, del que dependen los agronegocios y la minería. Desde 2009, el gigante asiático es el principal socio comercial de Brasil, al comprar más del 70 % de productos de exportación agropecuarios, minerales y petróleo (Taglioni, 2021, p. 77). Así, a pesar de las rispideces diplomáticas con China –contenidas por el vicepresidente Mourão–, continuó la tendencia de aumento en las ventas al mercado asiático.

Insistimos en que la emergencia de Bolsonaro es la expresión más cabal de la crisis estructural u orgánica que atraviesa Brasil, atravesado por fuerzas antagónicas, más que la posibilidad de su resolución. También producto de cuestiones en apariencia contradictorias: la necesidad del establishment de mantener las formas institucionales para legitimar formalmente el programa del golpe de 2016 y la búsqueda de construcción de una legitimidad popular asentada en un fuerte núcleo ideológico de “derecha” antirepublicana. Bolsonaro consolidó la representación del programa de grupos y clases dominantes que ya habían impulsado y apoyado al gobierno de Temer. Logró canalizar los intereses de buena parte de la gran burguesía financiera, agraria e industrial de Brasil, cuyo principal temor era que un posible retorno del “populismo” del PT frene la agenda programática neoliberal que intentaron llevar adelante. Lo único que prometió como paliativo de esta agenda, y para lograr el apoyo de los grupos industriales, fue mantener los niveles de proteccionismo arancelario, lo que se plasmó en el apoyo del presidente de la FIESP Paulo Skaf (otrora neodesarrolista), desde la primera vuelta electoral en 2018.

Asimismo, como parte del núcleo político e ideológico de apoyo se encuentran la importante movilización de las iglesias evangélicas, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica (los “antiFrancisco”), y el de las fuerzas armadas, cuyos cuadros protagonizaron su gabinete. El vicepresidente de Bolsonaro, el general retirado Hamilton Mourão, fue clave en este sentido. Se trató de una parte de las fuerzas armadas, el llamado “grupo Brasilia”, de tendencia neoliberal en lo económico, pero menos doctrinarios u ortodoxos que Guedes. Durante el gobierno se generó un equilibrio inestable de fuerzas, ya que los sectores militares intentaron que el plan de privatizaciones no incluyera activos "estratégicos" como Petrobras y Eletrobras, mientras que, en relación a la PE, pugnaron por que la flexibilización del Mercosur no implicara su total destrucción –a diferencia de Guedes–.

Re-emergencia del lulismo

Por último, abordamos las condiciones clave que produjeron la re-emergencia del lulismo. En primer lugar, hay que destacar que los grupos de poder y fracciones dominantes que se unificaron bajo el programa del golpe agudizaron sus pujas, lo que derivó en una fractura política. Es decir, la re-emergencia lulista tiene mucho que ver con las contradicciones en el bloque de poder dominante: los intereses de los agronegocios exportadores frente a la industria cuya realización depende del mercado interno y la región (para los cuales el MERCOSUR es clave); el establishment angloestadounidense partido entre globalistas, americanistas y nacionalistas; las elites conservadoras republicanas y liberales hoy enfrentadas a la reacción conservadora antirepublicana y antiliberal; sectores de los militares molestos con la híperpolitización y la sobreexposición de las fuerzas armadas; y los grupos de poder dominantes que reaccionan frente a cierta autonomización bajo formas neofascistas del bolsonarismo.

En segundo lugar, las consecuencias económicas y sociales del programa neoliberal periférico, sobre las que se profundiza en otros trabajos (Merino, 2020): el PIB actual de Brasil muestra una impresionante caída en la jerarquía económica mundial –1,61 billones de dólares en 2021 frente a 2,46 de 2014 (Gráfico 1)–; hay 33 millones de brasileños con hambre y 115 millones tienen inseguridad alimentaria, en la tercer potencia alimenticia del mundo; explotó el fenómeno de personas en situación de calle en las grandes ciudades; el desempleo sigue cerca de dos dígitos; el salario mínimo es en términos reales 25 % menor que en 2015 y se ha acelerado la desindustrialización acentuando la inserción periférica primario exportadora. En síntesis, un grave empeoramiento de las condiciones de vida y la desigualdad.

En tercer lugar, el programa del golpe significó un importante declive relativo del gigante suramericano como potencia emergente y la pérdida de influencia en el escenario global y regional.

A partir de estas condiciones se pueden establecer tres dimensiones de la disputa de poder en Brasil en las que re-emerge el lulismo como sujeto político:

La primera es la contradicción que atraviesa a Brasil en relación con la transición de poder en el sistema mundial: debe definir si es protagonista de la construcción de un mundo multipolar, como poder emergente y socio clave de los BRICS Plus o, por el contrario, queda bajo el dominio de las fuerzas unipolares del Occidente geopolítico y la subordinación hemisférica. En la tensión entre ambas opciones, se define qué tendencia prima y cuál queda subordinada, lo que necesariamente tiene un enorme impacto regional. Esta contradicción estalla en 2014-2016: entre el lanzamiento del Banco y el Fondo de los BRICS, cuando se proyectó una nueva arquitectura financiera mundial emergente y, en contraposición, la salida de la UNASUR, los intentos por flexibilizar/quebrar el MERCOSUR y el abandono del rol de potencia emergente. Estas tensiones también atraviesan la región, en tiempos de emergencia de una nueva ola “progresista” o nacional antineoliberal (limitadamente popular), que comienza a resurgir entre 2018-2019, sin consolidarse; y para la cual la definición del rumbo de Brasil resulta clave.

La segunda dimensión tiene que ver con las coaliciones políticas en pugna y las articulaciones político-sociales que expresan. El bolsonarismo articula las llamadas “tres b” (a la que le podemos agregar una cuarta): biblia, bala, buey y banca. Es decir, el cristianismo evangélico neoconservador y neopentecostal, con elementos políticos (construcción, inserción, cuadros, recursos materiales, etc.) y geopolíticos: alineamiento con el Occidente geopolítico, y en particular con la reacción conservadora antiglobalista y antiliberal. Amplios sectores de las fuerzas de seguridad y de la actual conducción de las FF. AA., que coinciden con idearios neofascistas de Occidente. La cada vez mayor importancia política de los agronegocios. Y el poder financiero, expresado en las figuras de Guedes y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto (exbanco Santander y nieto del exministro de la Hacienda del gobierno del General Medici, en plena dictadura militar de los años 1970). Sin tratarse de una coalición homogénea, también hay movimientos en torno a quién se establece como dominante.

Por su parte, el lulismo, hoy reconstruido, contiene las tres fuerzas que están presentes en las coaliciones antineoliberales de la región: el llamado progresismo, que se refiere al liberalismo político democrático, con elementos socialdemócratas e influencia globalista, cuya base se encuentra en las clases medias ilustradas y universitarias. El neodesarrollismo o “productivismo” de la burguesía local (especialmente industrial), expresada en la CNI y en las elites de tradición desarrollista, que abandonaron el lulismo en 2014-2016 y ahora recomponen la alianza. Las fuerzas populares, con asiento en sindicatos de trabajadores (con centro en la CUT), el movimiento agrario campesino (MST), las organizaciones urbanas de trabajadores pobres (como el MTST –Movimiento de Trabajadores Sin Techo–) y distintas organizaciones políticas y sociales que forman parte del entramado popular. Lula, además, contó con amplio apoyo de la Coalición Negra por Derechos, así como distintos movimientos feministas y ambientalistas.

El establishment globalista, representado políticamente por el gobierno de EE.UU., jugó tácticamente con la coalición nacional lulista que reúne fuerzas progresistas, neodesarrollistas y populares. Intenta "moderar" la coalición, quitar su contenido "nacional popular" y convertirla en una suerte de "Tercera Vía", en una fuerza del “centro” político. La apuesta es al equilibrio de poder y a la implementación de un neoliberalismo periférico negociado con grupos locales suficientemente conservador para bloquear lo que denominan “populismo”, pero con matices republicanos para limitar al conservadurismo antiliberal y antiglobalista, que juega en contra en su interna, ya que se articula con el trumpismo. En esto coincide buena parte del establishment tradicional brasileño, como el multimedios O Globo o el expresidente FHC del PSDB, quienes apoyaron a Lula en nombre de la democracia frente al neofascismo y la extrema derecha.

En tercer lugar, es necesario analizar la competencia electoral como una dimensión dentro de la pugna más amplia entre fuerzas político-sociales, buscando evitar el sobredeterminismo electoral en el análisis político. En este sentido, Rousseff ganó las elecciones de 2015, pero perdió la conducción política ni bien asumió. Por ello, resulta importante observar en esta situación si se va a producir una consolidación del bolsonarismo como fuerza político-social, con capacidad de movilización y anclaje en importantes sectores del poder estructural. Por otro lado, también analizar si las fuerzas populares logran mayor capacidad de influencia y poder de movilización. Además, resta ver el esquema de poder que va a gobernar Brasil, cuánto de lulismo va a contener y qué proporción predominará de sus distintos elementos constitutivos.

Resulta un dato importante que el triunfo electoral de Lula fue muy ajustado, 50,9 % a 49,1 %, y Bolsonaro sumó 7 millones más de votos en el balotaje con respecto a la primera vuelta. Aunque también es cierto que es la primera vez desde el regreso de la democracia en Brasil que un presidente en ejercicio no es reelegido.

El mapa político de Brasil muestra una clara fractura entre el Norte y el Sur-Oeste –el arco Sur-Oeste, que empieza en Río Grande del Sur, en la frontera con Argentina, y va hasta el Acre, en la frontera con Bolivia–. La elección también mostró una fractura entre el “campo” o el “interior” y la “ciudad” o centro urbano principal en los Estados del Sur y del Sureste. Por ejemplo, Bolsonaro ganó el estado de SP, pero Lula ganó la ciudad y capital estatal, así como también algunos de sus principales núcleos industriales de su conurbano. Eso mismo se puede ver en Porto Alegre, donde Bolsonaro ganó a nivel estatal pero Lula ganó en la ciudad capital. El PT triunfó en 4 Estados de las 27 unidades federativas. Todos en el Nordeste. También cuenta con otros 4 Estados en el que ganaron aliados del PSB y MDB, fuerzas que en su momento protagonizaron el impeachment a Rousseff y avalaron el encarcelamiento de Lula. Por su parte, el PL de Bolsonaro ganó en 2 Estados, y en 5 con candidatos aliados. Hay unos 10 Estados “neutrales”, dispuestos a la negociación. También en el poder legislativo existe esta realidad fragmentada, con el PL de Bolsonaro con la primera minoría en ambas cámaras, pero donde existe un importante “centrao”, caracterizado por un conservadurismo pragmático dispuesto a la negociación de acuerdo a quién controle el poder ejecutivo. En síntesis, las elecciones parlamentarias registraron un importante avance de la derecha neofascista en ambas cámaras. La campaña del lulismo fue menos ideológica que la del bolsonarismo, dada su alianza estratégica con el liberalismo. La ultraderecha logró así reposicionarse como fuerza en términos de la institucionalidad estatal, y se termina de constituir en la principal fuerza opositora, lo cual queda en evidencia con los hechos del 8 de enero de 2023, condicionando los próximos años de gobierno lulista. Lo destacable del escenario político, que confirma una tendencia visualizada desde 2014-2015, a la que nos hemos referido, es la crisis de los partidos políticos de la “derecha” o “centro derecha” tradicional. Prácticamente han desaparecido, mostrando un cambio cualitativo en el escenario político. Fueron devorados por su propia creación: la reacción conservadora antilulista y antipetista.

Frente a la derrota electoral, el bolsonarismo, fiel a su estilo, intentó un golpe. El silencio inicial pareció querer dar espacio para que se produzca una movilización de masas suficientemente grande que, junto a las denuncias de fraude, conmoción nacional por desabastecimiento y levantamiento de las fuerzas de seguridad, generen las condiciones para ello. Sin embargo, ni la movilización y la fuerza de calle fue lo suficientemente grande. Un elemento central es que el actual gobierno de EE.UU. no está apoyando dicho escenario. Además, los bloqueos de rutas empezaron a jugar en contra de Bolsonaro, perdiendo apoyo de sus propios electores, perjudicados por problemas como desabastecimiento, a lo que se sumó la presión empresarial.¹¹

Por último, el lulismo, en tanto articulación político-social, es más amplio que el PT, con lo cual se centró en ejes claves que fueron parte de la campaña, y que hoy buscan expresarse en la nueva composición del gobierno y sus consiguientes políticas, en un escenario político muy complejo y cambiante.

Primero, la idea de que el “pueblo votó más democracia”. La antinomia democracia-dictadura fue central en la campaña, y fue el eje que más se utilizó desde el liberalismo y los grupos de poder dominantes que jugaron tácticamente a un triunfo de Lula, aunque predominó la perspectiva liberal republicana. Lula procuró darle también al concepto de democracia la dimensión del republicanismo popular, ligado a la democracia social, donde confluye la democratización política y la material: combate al hambre y a la desigualdad (económica, social, étnica y de género), y aboga por el empleo y el acceso a vivienda, cobertura de salud y educación.

Los otros ejes son el de impulsar la industrialización de Brasil y una mayor intervención/ planificación estatal, retomar las políticas de inversión en CyT que convirtieron al gigante suramericano en el país con mayor inversión sobre el PBI en esta área y, finalmente, poner nuevamente en el centro de la PE y de la política de desarrollo nacional la cuestión de la integración regional desde una perspectiva autonomista. Sobre este último punto existen muchos interrogantes. En principio, Lula formalizó el pedido de reincorporación de Brasil a la CELAC. ¿Se intentará recuperar y volver a poner en funcionamiento la UNASUR? ¿Se impulsará la construcción de una arquitectura financiera y monetaria sudamericana, que en su momento el propio gobierno del PT frenó? ¿Cuáles van a ser los sectores que, como la “comunidad del acero y del carbón” en la Unión Europea, establezcan las bases materiales para la integración desde la planificación conjunta en empresas estratégicas regionales? Otro aspecto relevante son las condiciones hacia dentro del propio Brasil, y los pesos y contrapesos que se van dando en relación con el amplio y heterogéneo frente que lo sostiene. En términos del gabinete, han habido muestras de una importante presencia del núcleo duro del PT en ciertas áreas, así como de fuerzas aliadas (Fernando Hadadd en Economía, Michelle Tebet en Planificación, Geraldo Alckmin en Industria, Marina Silva en Medio Ambiente, etc.). Fue aprobado el presupuesto y el gasto público adicional de 145 mil millones de reales, alrededor de 30 mil millones de dólares, por encima del techo legal permitido, lo cual se orienta a financiar las políticas sociales de urgencia para más de 20 millones de familias.

Los primeros meses de gobierno serán claves para la definición del rumbo político de Brasil, con efectos en la región. El escenario actual plantea la posibilidad de recuperar la senda de unidad e integración regional como base para la autonomía, a partir de las cuales se privilegien las relaciones con el Sur Global, en un escenario de creciente multipolarismo.

Reflexiones finales

En el presente artículo propusimos una lectura de la actual re-emergencia del lulismo a partir de dialogar con investigaciones previas en las que se analizaron los primeros gobiernos del PT en Brasil y el proceso de crisis que se inicia a partir de 2013-2014. Se abordaron las características del programa neoliberal periférico promovido desde el reemplazo de Rousseff por Temer, luego del golpe parlamentario, y los principales elementos de este. Vinculamos esto con las condiciones de emergencia del lulismo, teniendo en cuenta las bases de apoyo del gobierno de Bolsonaro y las tensiones existentes al interior su propio gobierno como expresión de la puja entre proyectos político-estratégicos y las disputas entre grupos de poder dominantes.

Afirmamos que el escenario brasileño reciente da cuenta de una crisis estructural que guarda relación con el escenario internacional y regional. Brasil transita en el presente una encrucijada en torno a la posibilidad que se abre para retomar la senda de un proyecto nacional popular que, sujeto a las alianzas con los sectores liberales que han perdido terreno en el sistema político brasileño –a raíz de la crisis de representación–, puede frenar el componente popular. En la puja entre democracia o fascismo, la articulación que el lulismo presenta hoy con sectores que apoyaron la destitución de Dilma, y fueron sus principales opositores, deja en evidencia la pregunta por el carácter que tendrá el tercer gobierno de Lula. Junto con las claves planteadas en torno al nuevo escenario internacional, en términos de declive de la hegemonía estadounidense, se abren condiciones para una nueva reemergencia de una ola nacional-popular. Para ello, es central lo que ocurra con el bolsonarismo en términos de capacidad de movilización y articulación, más allá de la figura de Bolsonaro, y en el marco del ascenso de derechas neofascistas a nivel mundial. De esta manera, lo que ocurra en Brasil durante los próximos años de gobierno será clave en la definición del rumbo de Sudamérica debido a su escala, en un sistema mundial dominado por Estados Continentales y en un proceso de regionalización ante la crisis de la globalización neoliberal y de la hegemonía estadounidense. Si en algo fue insuficiente la primera ola nacional popular latinoamericana fue en este punto: no alcanza con la coordinación política y la retórica latinoamericanista, es necesaria la unidad.

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Notas

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